Saldo cultural 2014

1) Todavía sin promulgar ni devolver Ley Orgánica de Cultura.
2) Populismo cultural: gasto inmenso de carácter político, so pretexto de la cultura.
3) Piar tarde: escasa movilización del sector cultural de oposición ante el Proyecto de Ley Orgánica de Cultural y una queja obstinada de pocos luego de sancionada.

Aunque se dice que el Fondo de Cultura es el problema

El Nuevo País, Caracas, 19/12/13.

Exigencia

Dip. Barragán exige al presidente Maduro promulgar Ley de la Cultura

13 Noviembre, 2013

ND / nota de prensa /13 nov 2013.- El diputado Luis Barragán (MUD), miembro de la Comisión Permanente de Cultura y Recreación, criticó este martes al presidente Nicolás Maduro por no haber promulgado la Ley Orgánica de Cultura que fue sancionada por la Asamblea Nacional hace “tres largos meses”.

opinan los foristas

Así lo dijo en una nota de prensa.“En siete días fue impuesta la Ley Orgánica de Cultura en la Asamblea Nacional, pero va para tres largos meses sin que Nicolás Maduro se digne en promulgarla, obviando la agenda de Estado a favor de la guerra psicológica que le emociona y promueve”.La segunda discusión en el parlamento de dicha Ley se inició el 6 de agosto y concluyó, sancionándola, el 13 de agosto, precedida de apenas dos sesiones de la Comisión de Cultura, una de las cuales se realizó sin la presencia de la oposición mientras el oficialismo sorprendía con un Fondo de Cultura cuya consulta tampoco evacuó. “Solamente diligenciada entre las distintas dependencias del gobierno, tomada como una Ley exclusiva del PSUV, a la Orgánica de Cultura se le cerraron las puertas para una revisión y un debate complementario en la Comisión que ameritaban de mayor tiempo. Sin embargo, impuesta por mayoría simple y sabiéndola tan imperfecta que no tardarán en plantear una posterior reforma, tenemos información de que la van a promulgar tal cual fue sancionada, pero no lo han hecho porque existen problemas de la agenda presidencial. Y esto preocupa, porque en lugar de cumplirse las tareas que son propias del Estado, promulgando ésta y otras leyes pendientes – como la de Vehículos – para que además los ciudadanos podamos ejercer los recursos jurisdiccionales más adecuados, Maduro Moros consume el tiempo en impulsar campañas perversas contra la oposición en el marco de una implacable guerra psicológica”.
Informó el parlamentario que diferida la segunda discusión del Proyecto de Ley de Artesanos, los voceros de la oposición democrática serán los diputados Freddy Curupe (Anzoátegui) y Julio Ygarza (Amazonas).
Finalizó el diputado Barragán: “Las comunidades culturales organizadas deben movilizarse con eficacia frente a la Ley del Monopolio Cultural del Estado, porque ésta es la hora de la voluntad ciudadana, pues no hay espacio para la quejumbre latismera. Existen suficientes y poderosas razones para defender nuestras libertades culturales”.
http://www.noticierodigital.com/2013/11/dip-barragan-exige-al-presidente-maduro-promulgar-ley-de-la-cultura/

Por cierto

EL NACIONAL - Lunes 18 de Noviembre de 2013	Cultura/3

Cultura

El foro del lunes

NINOSKA RODRÍGUEZ Considera que la Ley Orgánica de Cultura viola la Constitución

"El problema no es de leyes sino de voluntad política"

La especialista en derecho de autor y propiedad intelectual advierte que el marco legal aprobado en segunda discusión en agosto contradice la legislación especial vigente en la materia. Señala que la gran deuda de los parlamentarios es una ley de seguridad social para los trabajadores del sector

	MICHELLE ROCHE RODRÍGUEZ MROCHE@EL-NACIONAL.COM @MICHIROCHE

RAÚL ROMERO

N inoska Rodríguez advierte que la Ley Orgánica de Cultura sancionada en agosto viola la Constitución de 1999, en la que se establece la autonomía del sector y se descentraliza la gestión administrativa y territorial de los recursos. Añade que la carta magna estipula expresamente los incentivos fiscales como una obligación del Estado, pero que el instrumento jurídico los desconoce al imponer obligaciones como las fijadas por el Fondo Nacional de Cultura.

Rodríguez, quien ahora dirige la Escuela de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello, fue asesora jurídica de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados hace 20 años, ayudó en la redacción del Proyecto de la Ley del Libro y fue también consultora jurídica del Centro Nacional del Libro. Su amplia experiencia la llevan a mirar con desconfianza el contenido de la ley, por considerarlo un retroceso en materia de administración cultural. En su opinión, es la gestión pública cultural del país la que debe mejorar y no las leyes, pues, como estos documentos jurídicos se sustentan en la libertad de los creadores, mientras menos intervenga el Estado es mejor.

Advierte que en sus disposiciones transitorias la Ley Orgánica de Cultura remite a otras tres leyes que deben ser sancionadas en los próximos meses: la de diversidad cultural, la de patrimonio y la de gestión cultural. "Nada tendríamos que temer si consideraran los principios de la descentralización del fomento de la actividad y de respeto de los derechos que se vinculan con la cultura. Pero, vista la ley que aprobaron en agosto, la de gestión cultural se convertirá en una normativa centralista que reconocerá máximas potestades en el Estado y solo deberes en el ciudadano", señala.

Rodríguez teme que, al revisar las leyes especiales vigentes a la luz de la orgánica, los legisladores pretendan revertirlas, a pesar de que se redactaron en concordancia con los postulados de la Unesco.

-- En un foro acerca de la Ley Orgánica de Cultura celebrado en la UCAB la semana pasada, usted presentó una ponencia y dio la impresión de que no está de acuerdo con un marco legal para regir el sector. --La ley tendría que haber revisado su pertinencia, porque con las leyes especiales que rigen los distintos ámbitos del quehacer cultural ­entiéndase: industrias culturales, propiedad intelectual, patrimonio y servicios culturales­ puede ejercerse una gestión positiva que desarrolle lo que está establecido en los artículos 99, 98, 100 y 101 de la Constitución. En este país, y menos en la gestión cultural, el problema no es de leyes sino de voluntad política. No considero necesaria una Ley Orgánica de Cultura, lo importante es fortalecer la legislación especial en la materia y considerar que el presupuesto de cultura es una inversión y no un gasto. Esto es fundamental, porque en la ley la inversión en este sector desaparece, se centraliza en el ministerio y se plantea una ideologización de la cultura.

-- ¿Qué queda pendiente en materia de legislación cultural? --Una ley de seguridad social de los trabajadores culturales y afianzar los principios de descentralización que están estipulados en esta legislación cultural especial.

-- ¿Por qué es necesaria una ley de seguridad social para los trabajadores culturales si existe una Ley Orgánica del Trabajo? --Si bien es cierto que la Ley Orgánica del Trabajo ampara a los trabajadores no dependientes, los del sector cultural necesitan una seguridad social específica y especial porque los riesgos a los que están expuestos no figuran en convenios colectivos. Pero si el Estado decide no redactar una ley sobre este particular, es importante que haga políticas públicas efectivas para protegerlos en su vejez y que tengan jubilación o un seguro médico.

-- ¿Cuáles son los obstáculos a la descentralización que impone la Ley Orgánica de Cultura? --Allí los incentivos fiscales desaparecen, pues se colocan obstáculos jurídicos para el desarrollo de las industrias culturales. Un Estado tiene dos maneras de fomentar actividades: positiva y negativamente. Un Estado que considere la descentralización cultural como un principio y los incentivos fiscales para la cultura como un elemento que coadyuva a esa gestión promueve incentivos fiscales positivos, que son exenciones, exoneraciones, subvenciones y la liberación de impuestos, entre otras iniciativas. Por el contrario, uno que considere que es el único que puede decidir sobre aquello que se crea establece estímulos negativos, es decir, coloca obstáculos jurídicos y fiscales. Esto último es lo que hace la ley.

Esto va en contra de los convenios internacionales firmados por Venezuela en materia cultural desde hace más de una década.

--La Constitución de 1999 recogió lo que estaba estipulado en las leyes especiales que responden a las convenciones de la Unesco y a los marcos legales tipo de las organizaciones culturales internacionales. Estos documentos son importantes porque permiten crear una economía competitiva con industrias culturales de otros países, como por ejemplo Colombia en lo editorial o México en el ámbito de la artesanía. Deberíamos desarrollar, afianzar y fortalecer la legislación especial que descentraliza, como es la tendencia en el mundo. Sin embargo, la Ley Orgánica de Cultura nos lleva a una época legislativa anterior a la Constitución de 1961, porque centraliza la gestión. Hace que las políticas del sector dependan del ministerio y crea los consejos estadales que, en el fondo, serán oficinas del despacho de Cultura en cada estado y dentro de las instituciones públicas culturales.

Así perderemos la descentralización tanto en municipios como en la administración pública. Así, perderán vigencia los institutos autónomos como el del Cine, el del Libro y el de la Biblioteca Nacional.

La descentralización se basa, primero, en la consolidación de un presupuesto propio para ser ejecutado en políticas que puedan coordinarse por el ministerio, pero que no estén jerárquicamente vigiladas desde Miraflores y, segundo, recurso humano para gestionar esa política. Eso no está en la ley venezolana.

Fotografía: Raúl Romero.

Aviso

 

El Nacional, Caracas, 10/09/13.

Cartelera cinematográfica

Ley de Cultura y cine rentista
Luis Barragán

Fenómeno sorprendente y revelador, la consideración del otrora Proyecto de Ley Orgánica no concitó el interés por debatir a fondo los problemas y las distintas perspectivas teóricas que comporta. Muy escasas veces, escuchamos planteamientos como los obviamente ventilados en el foro que realizó Carlos Guzmán para la maestría que dirige; tuvimos la mención decididamente esporádica de García Canclini, en una acera, mientras que, en la otra, la hubo sobre el neocolonialismo y la insularidad;  alfileró la cultura como mercancía, en una emisión radial que  tanto la deseamos para la polémica parlamentaria, o  aquello de la dependencia cinematográfica con el imperio – naturalmente -  estadounidense.

Puede decirse de una pobreza argumental que fue imposible de superar, entre otros motivos, por el tardío interés de la opinión pública, la absurda premura del oficialismo por sancionar el instrumento, y el diseño reglamentario que simplificó obscenamente el intercambio legislativo, a pesar de la trascendencia de la materia, para banalizarla. Sin dudas, hay una realidad sistémica que promete una sobrecarga y un cortocircuito, ya que no existe una convincente y elemental agregación de demandas, ni siquiera las formuladas por los propios partidarios del gobierno nacional que, rara avis in terris, claman por una unidad monolítica, compacta y asfixiante.

Días antes de iniciarse la segunda discusión del proyecto, tuvimos la ocasión de ponderar algunas de las consideraciones hechas por el representante de una entidad que agremia a distribuidores dizque independientes del cine, en la Comisión Permanente de Cultura de la Asamblea Nacional.  Por el carácter de sus reclamos, enfatizando la lealtad hacia el consabido mandatario fallecido, concluyó en el predominio de la cinematografía imperialista en nuestro país, por obra de las empresas que monopolizan el sector.

No hubo ocasión de refutar a la persona invitada por la presidencia de la Comisión, remitida – entendimos – por la directiva de la Asamblea Nacional, pero nos sorprendió mucho una versión que choca con la de los aficionados, como el suscrito. La “transculturización” constituye un problema que la revolución no ha logrado todavía remediar, se dijo con un convencimiento total.

Preocupa porque hay una verdad aceptada y acatada, a pesar de las evidencias. La consigna trastocada en dogma, impide la más mínima interrogación  en resguardo de la insostenible unidad, compactación y asfixia política que tiene por único porvenir el de imponerla al resto del país.

Meses atrás, a modo de ilustración, tuvimos ocasión de deleitarnos con un título de Lorena Pino Montilla y Frank Lugo Cañas, obsequio del profesor Guzmán: “Distribución y exhibición del cine en Caracas 1950-1960” (ININCO, Caracas, 2004). Versa sobre el comercio y la taquilla del emblemático cine citadino, relacionando las empresas y las salas de proyección, el precio de las entradas y la rentabilidad del negocio, la asistencia al  espectáculo y la correlación de edades, entre otros datos reveladores.

La obra en cuestión, tiene por una inmensa ventaja la de fundarse en la Gaceta Municipal y los registros mercantiles, como – plus interesantísimo - en el inédito e incontestable cuaderno de ingresos de taquilla de diferentes salas.  Y es que – sintetizamos – no sólo había una numerosa y superior competencia entre las diferentes empresas del ramo, sino que nos caracterizaba una mayor variedad de filmes procedentes de distintos países.

Empíricamente, tenemos la impresión de una anterior filmografía cosmopolita,  sustentable, diversa y – valga acotar – afianzada por una crítica especializada, generadora de múltiples publicaciones e, incluso, empleos directos e indirectos, como ahora no la hay. Nos basamos en nuestro modesto testimonio personal, gracias a los circuitos públicos y privados que disfrutábamos (además, seguros),  y – propensos a la vieja prensa – por las incontables carteleras cinematográficas que revelan una oferta cultural también alternativa. Sin embargo, ausente toda prueba, sobrevive la consigna dividiéndonos artificialmente, gracias a una increíble dosis de irracionalidad.

Luego, partiendo del supuesto de una entera penetración imperialista o neocolonialismo cultural, no contamos con explicación alguna sobre el contrastante predominio del cine hollywoodense y el monopolio de la distribución que se alega, desde 1998. Además, como refiriera la diputada gubernamental Gladys Requena, presidente de la citada Comisión, en la entrevista concedida a un diario de circulación nacional, confundiendo transculturización con dependencia cultural, la prevención y declarada alergia frente a las películas colombianas o uruguayas.

Añadamos otra circunstancia, como la promoción de una industria nacional únicamente de corte oficial, oficialista y oficiosa. Hablando de un determinado modelo de negocio, hemos tenido ocasión de apreciar, cuestionar y denunciar la inyección de cuantiosos recursos a proyectos filmográficos, decididos desde el más alto nivel gubernamental, consagrando el favoritismo (por ejemplo, http://www.youtube.com/watch?v=8gGURCKUwig), redundando en la sospecha de un extravío interesado que no significa una  automática descalificación personal de los realizadores por parte nuestra.

Ordena la novísima Ley Orgánica de Cultura que ha tardado en promulgarse, la revisión de leyes como la del Cine, pero tal esfuerzo no debe realizarse si no media la palabra, la razón, la sindéresis y la disposición de rectificar en torno a aquél instrumento sobre el cual el TSJ ha de pronunciarse, interpuesto el recurso correspondiente de nulidad respecto al articulado que violenta la Constitución,  El oficialismo llama al auto-engaño, fingiéndonos en una epopeya anti-imperialista, anti-colonialista y todo lo que acarreé el prefijo e su beneficio, pero la realidad es que el socialismo rentista inexorablemente produce un cine rentista, haciéndolo acá o importándolo.

http://www.analitica.com/va/sociedad/articulos/7517471.asp

1920

1929

1938

1943

1962

1962

1963

1966

1981

1982

Ley del monopolio estatal de cultura

Abultados en los polos y achatados en el ecuador

Anticultura

Desprecio a nuestra historia cultural
Fernando Facchin B.  

Con la recién aprobada Ley de la Cultura surge la incongruencia y confusión en intelectuales, artistas, creativos, políticos y comunicadores sociales, ante los desprecios a la historia cultural del país, a la creatividad artística y a la realidad nacional.
Es perversa manipulación de la “creación y la difusión artística e intelectual”. Nuestra cultura tradicional   siempre manifestó una gran resistencia y energía, y su esencia continuó transmitiéndose a través de las generaciones.
El chavismo pretende destruir la cultura tradicional que es el alma de una nación.  El desarrollo cultural define la historia de la civilización de una sociedad. La completa destrucción de la cultura de un pueblo conduce al exterminio de la nación.  La destrucción de su cultura tradicional mediante una ley, es un crimen imperdonable.
Contrariamente a la ley, que dicta reglas rígidas, la cultura actúa como un limitador moderado. La ley impone un castigo después de que se comete un crimen; en cambio la cultura, al alimentar la moral, impide que el crimen suceda. Los valores morales de una sociedad suelen reflejarse en su cultura.
Desde 1999, la llegada al poder del legador de la maldad, destinó los recursos nacionales a destruir la cultura tradicional de la nación. Fue algo planeado, bien organizado y sistemático, sustentado por el uso de la violencia de Estado, como en el caso de la usurpación de los Ateneos.
Aún más despreciable, la ley garantiza al gobierno el mal uso intencional y la alteración solapada de nuestros valores culturales que se ha venido ejecutando desde 1999; se resaltan las páginas malas de la historia y se oculta la verdad histórica de nuestro desarrollo y gentilicio, para crear su propio conjunto de parámetros amorales, de maneras equivocadas de pensar y su sistema de escatológico discurso de violencia verbal.
Este proceso ha traído consecuencias nefastas para Venezuela. La gente no sólo perdió sus principios morales, sino que es víctima de un adoctrinamiento con las teorías perversas del chavismo, así,  la destrucción que se hace de la cultura tradicional con la aberrante ley inquisidora, es un ataque directo a la moral nacional, que aniquila las bases para la paz y la armonía de la sociedad.  Nuestra cultura tradicional nos distingue como ciudadanos socialmente respetados y es un obstáculo para la tiranía. Más temprano que tarde retomaremos nuestros valores culturales y nuestra condición de ciudadanos libres. 
La anticultura del chavismo canoniza a su líder y fomenta un culto a su persona, por lo que no va a permitir la permanencia de conceptos culturales de tan larga tradición en el país, su política y sumisión  entran en la categoría del crimen más infame y descomunal a la sociedad y la democracia.
El legador sabía que mientras existiera la cultura tradicional, el pueblo no aprobaría su proceder, ni lo vería como “grandioso, cargado de gloria y acertado”. El pueblo no se convertiría en  marioneta del poder, y él, no podría imponer obediencia en el pensamiento de las masas, ni la política de la incriminación. La cultura tradicional desafía la legitimidad del régimen.
Nuestra cultura tradicional cree en la democracia, la libertad de pensamiento y expresión, en la creatividad de nuestros artistas y esa creencia socava las bases gubernamentales. El chavismo y su legado responden a un fin político perverso, de preservación y consolidación de la tiranía, del engaño, la maldad y la violencia.  

http://opinionynoticias.com/opinionpolitica/16478-desprecio-a-nuestra-historia-cultural

La culta oposición

Oposición cultural
Ox Armand

Ordenada desde arriba, no hay razones para pensar que Nicolás Maduro devolverá la Ley Orgánica de Cultura recientemente sancionada. La tardanza se deberá a un problema de agenda, porque harán un tremendo acto que catalpultará y candidateará a la diputada Gladys Requena como futura ministro,  mas no a ciertas veleidades técnicas. De ocurrir, esa aspiración ministerial revelaría una dura resistencia más allá de las intrigas de las que todavía nos hace pensar Maquiavelo, con o sin Rafael del Águila que lo explique.  Lo cierto es que ese esperpento de Ley, puede verse en varias claves. Está la sociológica, revelándonos a los grupos y subgrupos, tendencias y ramificaciones que pugnan por alcanzar una cuota del presupuesto en los términos de reparto que consagró Farruco Sesto y que el pobre Fidel Barbarito ni siquiera concibe, arriesgando cada día el puesto. Fuera del gobierno, todos se hicieron la ilusión que les dejó la Ley Orgánica del Deporte: pasar por debajo de la mesa.  La psico-sociológica aturde, porque el instrumento está impregnado de un marxismo que muy bien repudiaría Ludovico Silva, que dice más de las consignas del Congreso Cultural de Cabimas hacia principios de los setenta, demasiados hueras y simplistas. Apenas, el PSUV ha dicho que la cultura no es una mercancía o que el rock está en la Ley, mas ni la sra. Requena ni el sr. Paul Gillman, se han atrevido a una escenario de discusión que vaya más allá del neocolonialismo. Todo esto nos lleva a un imaginario social revolucionario, con código y con gestos que se creen propios del PRV de Douglas Bravo y su alianza con la Cuba que se desprendió y peleó con el PCV hacia mediados de los sesenta.  Añadamos la clave política, porque el autoritarismo hace bulto, o la económica, porque los empresarios serán masivamente pechados para un fondo que les será y nos será siempre ajenos, como el FONDEN.
Prefiero asumir la cosa en clave de oposición. No la hubo salvo la solitaria posición de un diputado que cargó con el muerto. Del resto no la hubo. A pesar de que esa ley era una espada de Damocles cernida sobre el cuello – valga destacar – de la más ilustrada oposición de clase media y, a juzgar por las fundaciones privadas y la gran prensa, de la burguesía. Esa Ley de Cultura fue sancionada entre el 6 y el 13 de agosto y, por más que busco, no existe con antelación ninguna consideración de la oposición ilustrada. Ni el propósito de leerla, aprenderla y criticarla.  Una que otra cosita aparecida en los periódicos, no autoriza a hablar de una postura crítica de la oposición cultural. Todos callaron porque las universidades y las fundaciones, sus empleadores, callaron también. El único, real y sentidísimo brinco que dieron fue cuando se anunció la contribución, el impuesto o la tasa para el Fondo de Cultura, porque – como la del Deporte, Ciencia, Trabajo, Drogas u otros parecidos – estaba en el libreto pero no se percataron. Hubo escritores, poetas, dramaturgos y mimos, que pudieron decir algo desde sus particulares ámbitos laborales o regionales, pero no lo hicieron salvo los que tuvieron ocasión de hallar un cupo en la gran prensa televisiva o impresa para los cinco  minutos de fama a lo Warhol. La alta gerencia de las fundaciones se cuidó de no pelear con el gobierno y les fue hasta fácil porque ¿para qué entenderse con los políticos y menos de la oposición, si están los  del gobierno? Además, porque sabrían que éstos se opondrían a la ley como irresponsablemente no lo hicieron con la del Deporte. Al fin y al cabo, ésta habla de cuantiosas divisas y la otra de cultura…
La transmisión de ANTV sirve para el dato político más importante y no por los diputados de la oposición que se quedaron hasta lo último de la sesión de la Ley Orgánica de Cultura, sino por las barras. Tengo amigos que hacen política y me dijeron que esas barras movidas por el gobierno y que aplaudían al gobierno estaban llenas de militantes de AD y de COPEI que extrañan no ser gobierno. En nombre de la cultura se movilizaron para apoyar la Ley.
Todo lo que he dicho nos lleva a una conclusión: ¡qué culta es la oposición! (rimó sin querer).

http://opinionynoticias.com/opinionpolitica/16479-oposicion-cultural

Denuncia

Nota crítica

Un dia cualquiera en la Asamblea Nacional
Hermann Alvino

Nuestro parlamento, junto a tiempos gloriosos, ha tenido épocas vergonzosas; ello lo podemos leer en cualquier texto serio de historia patria, para así comprobar cuantos ignorantes han ocupado curules desde el Siglo XIX hasta nuestros días, realidad ésta que han tenido que tolerar y gestionar de la mejor manera posible parlamentarios brillantes -además de ciudadanos ejemplares- que ocuparon las presidencias de las cámaras, tanto la de Diputados como la del Senado, junto a estupendos jefes de fracción, que ataban en lo posible a tanto temerario que lograba salir electo en la díscola democracia, y que en cualquier momento les podía causar bochorno ajeno. Y solo por mencionar algunos de aquellos encargados de mantener el prestigio del Parlamento en la segunda parte del Siglo XX, tenemos a Ramón Guillermo Aveledo, José Rodríguez Iturbe, Carlos Canache Mata, Luis Herrera Campins, Eduardo Fernández, Reinaldo Leandro Mora, etc.
Ahora vivimos otra vez tiempos parlamentarios muy malos, por la degradación a la que los diputados chavistas han llevado a la Asamblea Nacional; una degradación con doble hojilla, ya que lo que al irrespeto se le “pasa”, el concepto que tienen de dicho organismo lo “repasa”. Y esto lo podemos palpar en dos episodios del pasado Martes 13 de Agosto:
El primero, y el más escandaloso -más no el más grave- se corresponde con el palabreo del diputado oficialista Pedro Carreño, al referirse a Capriles sobre el tema de la corrupción al gritar: “Responde, homosexual. Acepta el debate, maricón” (http://goo.gl/jHNWwc) o dicho en idioma Inglés, de acuerdo a la prensa foránea: “Answer, you homosexual. Accept the challenge, you faggot”(http://goo.gl/LiVzkO).Vergüenza internacional adicional, pues.
Está claro que en este caso el problema no era la supuesta corrupción en la Gobernación de Miranda, sino el atacar “por lo bajo a Capriles”, insinuando que si un hombre está soltero a los 41 años, pues es maricón. Esto es chavismo puro, guiado de la mano de Fidel Castro, limpiando el patio, desprestigiando a sus adversarios en lo personal, e inventando delitos y situaciones que, una vez bien insertadas en la opinión pública, quiérase o no, dejan rastro, si es que no van a lo directo, y apresan al valiente disidente.
Y como Capriles no es corrupto, pues tienen que recurrir al desprestigio personal, porque -que quede claro- tampoco el problema sería la tendencia sexual del “flaco” -que sería un problema solo de su incumbencia- sino la instrumentalización que el chavismo hace de un elemento sociológico que delata su naturaleza primitiva del poder. Para ilustrarlo mejor vaya el siguiente ejemplo:
Hace ya casi treinta años, en tierra adentro, hubo una fiesta de despedida a un secretario de gobierno, quien se iba a dedicar a otros menesteres; pues bien, entre trago y trago, y música llanera a reventar, el homenajeado se lanzó un mitin que terminó con la siguiente frase: “y a mí nunca nadie me podrá acusar de haber sido ni marico ni ladrón”.
Una frase legendaria, muy común en el imaginario popular, y muy aplaudida por la concurrencia, quien se mostró de acuerdo con los valores emitidos por este criollo de pura cepa, que a lo mejor, de haber vivido en un país protestante habría dicho: “ni católico, ni ladrón”; o al revés, en un país papista: “ni protestante, ni ladrón”. Allí se reflejó “eso” que aun campa muy dentro de ese machismo endógeno, como es el odio al maricón, que muchas veces lo que realmente representa es el odio a sí mismo, por serlo efectiva o potencialmente, y no poder hacer nada por evitarlo, y lo que es peor, por no tener el valor para salir del armario, por temer que eso podría ser su ruina personal, familiar, política, o económica.
Pues bien, Pedro Carreño representa ese macho criollo que odia al maricón -sus razones tendrá…-, un macho que además cuyo estereotipo es compatible con el de los padres, tías, primas, abuelas y amigas, que miran con muy malos ojos a la mujer que sigue soltera luego de sus 25 años, porque irá a “vestir santos”…por decir lo menos. O, en otras palabras, el diputado Carreño es el representante de un pasado podrido y reaccionario, rescatado por un régimen que desea seguir manteniendo en la oscuridad a su pueblo.
El otro episodio de ese infausto dia ocurrió durante la discusión de la  Ley Orgánica de la Cultura, aprobada con todos sus defectos conceptuales, chapuzas redaccionales y abusos confiscatorios por la ciega mayoría chavista.
En esa discusión destacó el discurso de la diputada Requena, chavista, promotora de dicha Ley, y abanderada de su defensa parlamentaria, quien nos trajo un elemento grave, como fue el no argumentar, sino atacar personalmente a quienes proponían otros enfoques. La contraparte democrática en esa discusión estuvo a cargo del diputado Luis Barragán, quien le regaló al país un ejemplo de comportamiento sobrio, respetuoso y concreto, de lo que debe ser un parlamentario al presentar sus argumentos y propuestas.
A los argumentos de Barragán, la representante Requena simplemente no le hizo el menor caso, porque lo suyo era atacar a la persona, apoyada además por el rugido de las barras, integradas seguramente por incautos y vivarachos que sabrán medrar un sueldito de las estructuras culturales que crea dicha ley.
Es claro que esa suerte de “cambote” entre Requena y su barra brava, agraciado por la presidencia de la cámara, que durante ese lapso la ocupó el chavista Darío Vivas, ni siquiera inmutó al sereno Barragán, quien, para desesperación de sus adversarios y por saber que le correspondía la razón en sus argumentos, siguió mostrando la infinita seguridad en sí mismo a la que ya tiene acostumbrados a los miembros de la Asamblea.
Pero lo más grave no fue el ataque personal -que denota un patrón chavista, al enlazarlo con la intervención de Carreño- sino una frase de la diputada en la que ella, incautamente, delata la verdadera naturaleza del régimen, porque al referirse a su adversario democrático Barragán, Requena afirmó que “…que él cree que el Parlamento es la expresión del poder popular…”. La frase se puede comprobar mediante el enlace (http://goo.gl/HEDxpx) exactamente en el minuto 27 con 10 segundos.
Allí pues reside la clave del asunto: de acuerdo al chavismo, o si se quiere, al régimen del usurpador Maduro, guiado por la mano de Fidel Castro: la Asamblea Nacional no representa al poder popular. Y Requena, al cargarse el Artículo 5 de su propia constitución chapucera -que establece que “Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos”- por primera vez se hace explícito lo que todos sabemos: que desde hace casi quince años en Venezuela no existe separación de poderes, y que el poder mismo es uno solo, representado por una asociación mafiosa denominada PSUV que utiliza a las instituciones públicas -y privadas- para su beneficio y enriquecimiento personal.
Un mal día pues en la Asamblea Nacional, que no será peor de los que puedan venir próximamente, dada la hiperquinética patalequera chavista en cerrar el círculo, cosa que hará con la segura concesión de una Ley Habilitante a un usurpador de la Presidencia.
Y con ello posiblemente pasemos de esta dictablanda a una dictadura. La propia pues.
Avisados estamos.

https://vivalapolitica.wordpress.com/2013/08/19/un-dia-cualquiera-en-la-asamblea-nacional/
Fotografía: Acto de rechazo al por entonces  proyecto oficialista (El Diario de Caracas).

Comisión, ¿hoy?

... Está convocado un acto para hoy en la sede legislativa, a objeto de promulgar la Ley Orgánica de Cultura. Excepto los diputados de la oposición. Entendemos que no irán y no sólo porque hay receso legislativo, sino para protestar - justamente - por la falta de debate de un proyecto aceleradamente sancionado. Pero, además, siendo un acto de Estado, se ahorraron la invitación.

... Por cierto, no hubo diputado de la oposición, por lo menos, que tuviera en su correo la versión completa de la Ley Orgánica de Cultura sancionada. La solicitaron varias veces. Fue vino, vino y fue, sin que supieran si es exactamente la sancionada. Ni siquiera el website de la AN la públicó. Es costumbre, pues.

... Molesta que hsaya gente que tarden en piar. Una historia de la consideración de la LOC por estos dos años, revelaría la indiferencia absoluta de quienes hoy se rasgan las vestiduras. Esto incluye a un escritor y burócrata de fundaciones, quien - quizá por comodidad - evadió toda responsabilidad hasta para considerar el proyecto, y hasta fue requerido por un diputado de la oposición en su propia entidad federal. Un día antes, el escritor llenó un periódico con sus indignadas declaraciones como si nada.

... Seguiremos con este blog para considerar las leyes que también generará la LOC. ¿Para qué crear más y más portales, si con este modesto aporte basta?

Antonio Rojas

Piaron tarde

El Nacional, Caracas, 25/08/13

Habilitante y cultura

Luis Barragán: Nicolás Maduro está buscando “un diputado 99 que no conseguirá”

Publicado el 22 de ago de 2013 8:42 pm |

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Video: Noticias24, 22 de agosto de 2013

(Caracas, 22 de agosto. Noticias24)-. El diputado a la Asamblea Nacional Luis Barragán, en Noticias24 Radio evaluó la solicitud hecha por el presidente Nicolás Maduro de una Ley Habilitante para combatir la corrupción en Venezuela.
Durante el programa “Tuitmómetro” conducido por Miguel González Mele, el diputado Luis Barrabán quien era diputado suplente y ahora es titular luego de que le fuese allanada la inmunidad parlamentaria a Richard Mardo, apuntó que “hay batallas que requieren de mucho esfuerzo y dedicación”, haciendo referencia al lucha contra la corrupción que quiere emprender el Gobierno.

“Como vieron que nadie se subastaría, cambiaron a que ahora el 99 es pueblo”

Agregó que el presidente Nicolás Maduro está buscando “un diputado 99 que no conseguirá”, de esa manera para el diputado dicho tema ha generado expectativas y es parte de una “guerra psicológica”.
“Expectativas como esta que llaman diputado 99” para Barragán dan la idea de que los opositores se están “subastando” y eso es lo que quiere mostrar el Gobierno, pero “como vieron que nadie se subastaría, cambiaron a que ahora el 99 es el pueblo”.
A su juicio, el primer mandatario debería dedicarse a gobernar y permitir que la oposición ejerza el debido control en la AN y a su vez el parlamento ejecute su control ante el Ejecutivo Nacional.
Destacó que desde el 2011 la Ley de Corrupción se encuentra engavetada en la Procuraduría General de la República e instó a que el Sebin llene el crucigrama que apunta a una sola persona “Nicolás Maduro” y se le pregunte que pasó con la corrupción.
Para el diputado, la oposición no ha perdido terreno, pues han recuperado el suficiente para combatir al Gobierno, “no abandonamos los espacios conquistados electoralmente”.

Foto: Zorailly Rondón / Noticias24

Video: http://www.noticias24.com/venezuela/noticia/188784/luis-barragan-nicolas-maduro-esta-buscando-un-diputado-99-que-no-conseguira/

Tres textos

De la subrepticia habilitación cultural
Luis Barragán

Histórica, reveladora y lamentable jornada, no pudo tener peor contexto la discusión final del Proyecto de Ley Orgánica de Cultura que la sesión del linchamiento moral de un partido de oposición. Sumada a la plenaria de la consabida y literal golpiza, sintetiza muy bien el sesgo antiparlamentario del oficialismo que, por cierto, deliberadamente limitó el tiempo reglamentario de las intervenciones en cámara para sacrificar la palabra razonada a favor del trámite telegráfico, aún tratándose de la consideración de propuestas legales de sobrada trascendencia como la aludida.

Obviamente, integrante de la Comisión Permanente de Cultura, dejamos constancia de nuestros modestos planteamientos, intentándolos directos y concisos para evitar la diatriba inútil y disparatada frente a la propia y estigmatizadora dirección de debates, concertada con los partidarios del gobierno que tuvieron de nuevo la ventaja de repletar las barras.  Entre varios de los asuntos tratados, culminamos negando la disposición transitoria tercera que estableció un plazo de180 días para que el Ejecutivo Nacional reglamentase la Ley Orgánica, denunciándola como una habilitación enmascarada, provocando el inmediato comentario descalificador del diputado que presuntamente arbitraba la sesión de la Asamblea Nacional, pues, sabemos muy bien la facultad que tiene el Ejecutivo Nacional de reglamentar las leyes ordinarias, aunque él ignora olímpicamente el problema que acarrea hacerlo con las que cuentan con un carácter orgánico.

En efecto, escasa suerte ha corrido la materia en la vigente Constitución de la República, pues,  con las aparentemente premeditadas omisiones del constituyente que despachó el asunto con desenfadada rapidez,  las leyes orgánicas no sólo pueden aprobarse por una mayoría simple, sino también inmediatamente reglamentarse, perdiendo su identidad, naturaleza y alcance. Confusión ésta que subraya la pretensión y vocación de un instrumento orientado a reforzar y garantizar el monopolio cultural del Estado, como el recientemente sancionado, permitiéndole legislar al Ejecutivo a todo trance.
La interpretación exclusivamente gramatical y aislada del numeral 10 del artículo 236 de la Constitución de la República, se ha convertido en una estupenda herramienta del automatismo legislativo, manufacturando interesadamente las normas que las circunstancias imponen a través de la reglamentación de los más variados instrumentos orgánicos. Sin embargo, antecede el artículo el artículo 203 constitucional que, al distinguir entre leyes, precisa que las orgánicas – además – se dictan para “desarrollar los derechos constitucionales y las que sirvan de marco normativo a otras leyes”, por lo que – se infiere -  ameritan de leyes especiales u ordinarias, gracias a una interpretación sistémica o contextual de la disposición.

De modo que una Ley Orgánica como la de Cultura, requiere desarrollarse a través de las leyes especiales u ordinarias que, por cierto, a pesar de la inocultable complejidad de la materia, no trató ni sistematizó debidamente precisando la variedad de áreas, ámbitos y facetas que comporta, apenas disimulada con la intención de revisar y adecuar siete leyes de inferior rango. Más allá de la exigencias técnicas y de las vicisitudes administrativas, la vía reglamentaria pretenderá remediar tan conveniente dolencia, pues, el instrumento sancionado es lo suficientemente simplista y simplificador que, a la luz  del derecho comparado, su reducido y maniqueo articulado así lo forzará antes que arriesgarse a una futura reforma por el parlamento.

En todo caso,  ¿qué objeto tiene distinguir entre leyes orgánicas y leyes especiales u ordinarias, amén de las habilitantes?; ¿entre los diferentes órganos del Poder Público Nacional, generadores de actos de una contrastante eficacia jurídica que los explica?; ¿acaso “el derecho a la vida” del que habla el artículo 43 constitucional ha de puntualizar detalladamente que se trata de la vida humana y no sólo  de las personas privadas de libertad, en servicio militar o interdictadas, como sostendría un acérrimo intérprete gramatical, a guisa de ilustración?; ¿la pretensión no es la de convertir al Ejecutivo Nacional en el único legislador, apenas complementado por la Asamblea Nacional?

Por consiguiente, fue legítima y fundada nuestra discrepancia, ya que un instrumento legal tan deficiente abre el camino para que el Ejecutivo Nacional lo perfeccione o diga perfeccionarlo, mediante una delegación o habilitación encubierta.  Sucintamente razonada,  debido al tiempo disponible, e incomprendida por la propia dirección de debates, nuestra postura, equivalente a una denuncia, apuntó – por una parte - a la voluntad subrepticia del legislador que ratifica una solución que no debe sobrevivir a una futura transición democrática, probablemente tentada en los términos de Hannah Arendt,  como anteriormente nos referimos – por otra - a la voluntad manifiesta respecto a la llamada zona de interés cultural, ajena a la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación.

Estudiamos la interposición de sendos recursos por ante el Tribunal Supremo de Justicia, relacionados con la nulidad parcial de la Ley Orgánica de Cultura, en el caso de su fiel promulgación, y la aclaratoria del numeral 10 del artículo 236 constitucional. Y esperamos que, aprendida la lección, en un futuro recuperemos y mejoremos una tradición parlamentaria que ahora padece la crisis de quienes dijeron innovarla, pulverizándola.
http://www.noticierodigital.com/2013/08/de-la-subrepticia-habilitacion-cultural/

De una Ley Orgánica literalmente del PSUV
Luis Barragán

Ha tardado la Asamblea Nacional más de una década para legislar en la materia cultural, sin que fuese importante para las consabidas habilitaciones de Hugo Chávez. Se dirá que no podía hacerlo tratándose de una Ley Orgánica, pero no olvidemos -  lo hizo en materia militar y laboral con absoluto desenfado.

En el actual período legislativo, por tercer años consecutivo, el Proyecto de Ley Orgánica de Cultura fue declarado un asunto prioritario para la Comisión Permanente de Cultura y Recreación, aunque la deuda no los acomplejó para celebrar distintos actos demagógicos que condujeron a un constante emplazamiento de la oposición democrática, por ejemplo,  finalizando 2012 (http://www.youtube.com/watch?v=XN2cQrhRwz8). En numerosas ocasiones, la oposición llamó la atención de los comisionados, incluyendo un extenso documento de propuestas que no gozaban siquiera de la respuesta de los diputados gubernamentales, quienes confiaban en una súbita habilitación, cuya amenaza obligaba a tales emplazamientos.

Al principiar 2013, vino la orden del otrora ministro Calzadilla. E intensificamos nuestra preocupación y trabajo, participando en un proceso que debía sacudir la consciencia social por la gravedad del instrumento, aunque – luego lo constatamos – la movilización oficialista fue débil, a pesar de contar con superiores recursos respecto a la oposición.

Para el 19 de julio del presente año, culminaron las consultas regionales celebradas objetiva y exclusivamente con los partidarios del gobierno, cumpliendo con nuestro compromiso de asistencia y escucha de los planteamientos en las citas de Porlamar, Mérida y Barinas, sumado el encuentro que propició la Fundación Bigot, y todo a pesar del arbitrario cambio de la sede de Barquisimeto. Se trataba de un borrador de trabajo expuesto al análisis que, naturalmente, al debatirse en el seno de la Comisión, artículo por artículo, requería del concurso y de la buena intención de todos los comisionados.

La mayoría del PSUV decidió agotar la propuesta en un solo día, principiando agosto,  aunque su complejidad e implicaciones ameritaban  de una agenda definitivamente más amplia de  reuniones y consultas, por si fuese poco, especializadas. Sospechamos que el tratamiento no sería estrictamente institucional, meses atrás,  desde el mismo momento que derrotaron nuestra idea de oficiar a las instancias administrativas de investigación histórica y legislativa, como a la consultoría jurídica de la Asamblea Nacional, para que ayudasen a los comisionados a perfeccionar la información y afinar los criterios que contribuyesen a un mejor instrumento. Sin embargo, aunque el PSUV era y es mayoría simple en la Comisión, lo cual le garantizaba una superior elaboración de sus propuestas a través de la libre discusión de las ideas, sin que perdiese la votación, se impuso la premura que nos permitimos calificar como un acto de “legislación por desesperación”, sorprendidos por la decisión de llevar a toda costa el proyecto a las sesiones plenarias de la Asamblea Nacional, antes del receso.

Premura que ahora comprendemos, porque aún está en juego el ministerio de la Cultura en los cálculos de un posible cambio de gabinete, pero que sincera radicalmente el peso determinante del PSUV frente a sus aliados, o los que se creen socios con títulos semejantes en el ejercicio del gobierno. Ya no cabe vacilación alguna sobre el principal partido del y en el gobierno, por lo que – simplemente – los demás partidos deben resignadamente  acatar sus designios, reducido el llamado Gran Polo Patriótico a una suerte de sociedad en comandita.

Solicitamos, por una parte, un plazo mayor para conocer y discutir una Ley Orgánica requerida de un consenso necesario, básico e indispensable a favor de su propia y futura viabilidad (por ejemplo: Últimas Noticias, Caracas, 27/07/13).  Además, supimos que la propuesta no gozaba tampoco del acuerdo de todos los sectores oficialistas, como bien lo ejemplificó Luis Palencia (http://www.aporrea.org/ideologia/a171256.html), aunque no quisimos emplearlo en el debate parlamentario para evitar que se nos acusara de aprovechar las obvias diferencias en el seno de las corrientes gubernamentales, sacrificando la concisión y sobriedad de nuestros planteamiento en la cámara.

Por otra, comprobamos que nuestras declaraciones produjeron esa campanada de reflexión en el oficialismo con independencia de las precisas posturas políticas e ideológicas que nos caracterizan, ya que – en definitiva – el problema estuvo en el procedimiento y no tardará el mismo gobierno en auspiciar una reforma legal, según la costumbre, porque sabe limitada la vía reglamentaria. Finalmente, el inicial planteamiento del Proyecto de Ley Orgánica de Cultura constituyó toda una proeza de la confesión que nos releva de pruebas, porque la diputada ponente agradeció el aporte de las instancias administrativas de la Asamblea Nacional, de los despachos ministeriales y otros órganos de la administración pública, del PSUV y personalidades afines que nos permite concluir que fuera del partido nada y dentro del partido, todo.
http://opinionynoticias.com/opinionpolitica/16344-de-una-ley-organica-literalmente-del-psuv

Fondo cultural: carta astral
Luis Barragán

La novísima Ley Orgánica de Cultura, presta para su promulgación después de la obligada pasantía por el TSJ, contempla un Fondo. La propuesta nunca fue planteada por el PSUV en el seno de la Comisión Permanente de Cultura de la Asamblea Nacional, y mucho menos votada por la oposición, e hizo su sorpresivo debut al iniciarse la segunda discusión del proyecto, sacada de la vieja chistera.

La idea del Fondo propiciaba la confusión, pues, aceptarlo significaba alinearse con las causas populares, mientras que el rechazo nos llevaría al corral de los supremos intereses de Fedecámaras. Confusión de alta rentabilidad política que escondía la triquiñuela de una súbita aparición, e – inevitable – forzaba a una postura inequívoca de rechazo por el grueso de la bancada democrática de la oposición que, como integrante de la aludida Comisión, nos responsabilizó de la vocería.

Por lo demás, piando tarde, el gremio empresarial apenas había consignado su inconformidad horas antes de la siguiente sesión de la plenaria que lo consideró, agotado evidentemente el lapso para la consignación de propuestas que interpela la desatención prestada por la entidad a un proyecto de tanta gravedad. Y, aunque genere asombro, un debate de tan escaso tiempo para los oradores, condujo a una apretada síntesis de nuestros alegatos para rechazar la pretensión gubernamental.

Al igual que la aplicación de toda la Ley Orgánica de Cultura no deparará otras sorpresas, excepto las que incremente una abusiva  reglamentación, consagrando la política cultural del Estado en más de una década, el Fondo tiene un destino horoscopalmente certero. Pueden hacerse ilusiones los más ingenuos, quienes dicen adivinarlo como remedio para las vicisitudes y urgencias sociales de los trabajadores culturales, por ejemplo, pero lo cierto es que constituirá un desaguadero de recursos de acuerdo a los caprichos gubernamentales, amén de convertirse en un arma de persecución para las entidades e iniciativas diferentes al Estado.

Para nadie es un secreto que, por muy alto que la cesta petrolera se cotice en los mercados internacionales, más elevada aún es la voracidad fiscal del gobierno. Bastará con cruzar una data dispuesta en las propias redes para comprobar el despilfarro sistemático de un régimen que, por cierto, curiosamente, reinventando la propia noción del delito, descubre la corrupción fuera del gobierno y entre quienes no manejan recursos públicos, negado a explicar el descenso de las propias reservas internacionales.

El presupuesto público nacional está fundado principalmente en las contribuciones que realiza la ciudadanía, sin excepción alguna, pues es el pueblo el que resignadamente cumple con el IVA, sin contraprestación alguna, en el menor de los casos. Los ingresos petroleros están destinados esencial y directamente a sendos fondos de los que muy pocos o nadie  sabe en cuanto a inversiones y cumplimientos de metas, y que ni la misma Asamblea Nacional logra controlar, al margen del presupuesto y la  deliberación parlamentaria.

Nada autoriza a una distinción entre el Fondo de Cultura y los otros Fondos creados por varias leyes orgánicas. Benjamín Scharifker, por ejemplo, ha demostrado que el correspondiente a Ciencia, Tecnología e Innovación, desestimulada la inversión privada y golpeadas las universidades autónomas,  se ha traducido en un descenso de los artículos de producción científica y tecnológica, indicador confiable de las actividades del sector, por lo que hasta ahora se sabe.

El sólo hecho de un financiamiento a través de recursos extraordinarios, sumando diferentes cargas contributivas para la empresa privada, administrado por entidades de las que poco o nada se sabe, acumulada la nefasta experiencia de numerosos fondos discrecionales, alienta la sospecha. Diferente es prever los recursos ordinarios disponibles o los que extraordinariamente puedan despuntar, y presupuestar en el marco de una definida política pública cultural, proyectarlos y someterlos al debate parlamentario, hacer el seguimiento y control, fijar responsabilidades: nunca olvidamos a Jorge Castañeda en “La utopía desarmada”, por aquello del saneamiento de las finanzas públicas como un estupendo aporte a la justicia social.

Por añadidura, evadiendo su responsabilidad punitiva, claramente definida, frente a las incursiones delictivas que tentaran al sector social o mercantil en la materia, como el fraude tributario,  el Estado preventivamente apostaría por y perpetraría su liquidación.  Vale decir, garantizando el monopolio cultural del Estado que, en propiedad, transversaliza  el reciente instrumento legal, supeditaría, absorbería y pulverizaría toda manifestación distinta al poder establecido.

Preferimos optar por la eliminación de la norma que establece el Fondo de Cultura, antes que pretender aliviarla, porque es otro el contexto de las finanzas públicas el que merece. Zodiacalmente, el Fondo está destinado a convertirse en un inútil artefacto, salvo para quienes lo administren, agregando a los potenciales beneficiarios que requieran organizarse y reacomodarse como una clientela específica en el concierto del socialismo rentístico que nos agobia.
http://www.analitica.com/colaboradores/pprof.asp?columnista=Luis%20Barrag%E1n

Felicidad

CIUDAD CARACAS, 18 de agosto de 2013
La parlamentaria aclaró que la normativa no elimina las fundaciones
Gladys Requena: La LOC es un instrumento de transformación revolucionaria fundamental

La diputada explicó que este instrumento es un arma para el desmontaje de paradigmas vinculados con la dominación, la transculturización, el coloniaje y la globalización. Igualmente, demandó a las cultoras y los cultores a que asuman los deberes y los derechos que establece el nuevo marco legal
Por estos días la diputada Gladys Requena celebra por todo lo alto la victoria que ganó junto al pueblo creador: la aprobación en segunda discusión de la Ley Orgánica de Cultura (LOC), un instrumento que ahora es el punto de partida para reivindicar viejas aspiraciones del sector, que si bien ha sumado innumerables avances en tiempos de Revolución, insistía en que se sancionara el marco legal para conseguir otros logros y profundizar la transformación de Venezuela.
Después de todas las críticas, sobre todo de la derecha, pero profundamente satisfecha por haber ayudado con la demanda del pueblo la parlamentaria expresó: “¡Por fin, estoy feliz porque hay Revolución!”.
Con una explosión de risas en los labios y efusiva comenzó la entrevista con el Correo del Orinoco:
“Hemos dado un paso histórico, como lo ha reseñado también el ministro de la Cultura, Fidel Barbarito. Es un paso histórico porque primero, es una deuda que tenía la Asamblea Nacional (AN) con la Constituyente y eso teníamos que rescatarlo autocríticamente: Habían pasado 13 años desde que la ley estaba aquí (en la AN). En el año 2000 los cultores dieron su paso al frente, presentaron proyectos de ley y se inició un debate nacional”, admitió la presidenta de la Comisión permanente de Cultura y Recreación del Parlamento.
Requena cree que una de las razones por las que la LOC tardó en ser aprobada es porque “no es fácil hacer la ley de cultura de un país. No es una decisión sencilla de tomar. Es un instrumento de transformación revolucionaria fundamental”.
Sentenció que la relevancia de este instrumento es tal, que sirve a la refundación de la República porque es un arma para el desmontaje de paradigmas vinculados con la dominación, la transculturización, el coloniaje y la globalización, aspectos que hacen mella en la memoria y sentido de patria de los pueblos.
“Por eso estoy tan feliz de haber dado este paso con el colectivo de las diputadas y los diputados que integramos la comisión de cultura, que dimos como dice el ministro Barbarito, acompañados del pueblo cultor e interesado en estos temas, de ese pueblo que debatió desde el año 2000 esta ley de cultura”, expresó Requena.
Más de 5.000 personas participaron en el proceso de consulta pública de la ley que convocó durante un mes a todas las personas interesadas en aportar al proyecto.
La ley “movilizó a la comunidad cultural venezolana, a los intelectuales, a los voceros de Fedecámaras, de la derecha extrema venezolana, de la burguesía amarilla, para pararse frente a nuestro pueblo”, fustigó.
La diputada Requena censuró que la derecha se opuso a los artículos que le dan protagonismo al Poder Popular y que pidió una normativa “que confronte” la interculturalidad, la democracia, la libertad de creación, la inclusión, la discriminación y la corresponsabilidad del pueblo.
“Se enfrentaron a todos los artículos que ponen al Poder Popular en corresponsabilidad con el poder público a planificar, ejecutar y controlar políticas públicas en materia de cultura”, apuntó.
La parlamentaria demandó a las cultoras y los cultores a que asuman los deberes y los derechos que tienen en la LOC, a enfrentar cualquier “distorsión” del instrumento que se pueda presentar. “No podemos permitir leyes que sean letra muerta. Las creadoras y los creadores deben activarse para que cada artículo de esta ley sea instrumentado por la institucionalidad cultural revolucionaria. Estoy segura de que el ministro Fidel Barbarito o al que nombren honrará el contenido de esta norma”.
EL DEDO EN LA LLAGA
Requena mencionó que otro aspecto que la LOC puso en el ojo del huracán fue la defensa de las y los artistas nacionales y la responsabilidad del Estado para garantizarle sus derechos.
Asimismo, desestimó las denuncias de voceras y voceros de la oposición que señalaron que con este instrumento se busca eliminar supuestamente a las fundaciones dedicadas a la cultura o de tener un plan para quebrar a las empresas, que deberán aportar 1% cuando sus utilidades netas superen las 20.000 unidades tributarias. Los aportes serán para un fondo destinado a dar respuesta a las necesidades de artistas, creadoras y creadores.
“Me siento muy contenta porque los temas que ellos confrontaron (la derecha) son temas de contenido para el debate del proceso de refundación de la República, que nos hace cada día más conscientes de que ahí están los nudos críticos que nos enfrentan: el centralismo. Nos acusan porque esta es una ley centralista y estatista, precisamente porque no asumen que el Estado proteja, promueva y sea el rector de las políticas culturales venezolanas, como lo hace con la salud, la educación”.
Aclaró que la ley no elimina las fundaciones de organizaciones o empresas privadas que se dedican a la promoción cultural.
“En la LOC no hay algún pronunciamiento que hable de la eliminación de fundaciones”, aseveró la legisladora.
Requena dijo que de existir fundaciones que son fachadas tributarias de algunas empresas que generen utilidades netas superiores a las 20.000 unidades tributarias, no deberán realizar ningún aporte y podrán continuar con su labor.
“Reconozco el trabajo que en materia de identidad cultural ha venido haciendo la Fundación Bigott, lo valoramos, tienen años en eso. No tienen que preocuparse por ello, porque no es una empresa con fines de lucro y no le toca (aportar). El Estado no le prohíbe que siga haciendo su tarea, porque lo que hace está en consonancia con la Ley Orgánica de Cultura”, ejemplificó.
Con respecto a los señalamientos de Fedecámaras, de que la ley se convirtió en una “carga fiscal” para la industria nacional, Gladys Requena rechazó que el empresariado y voceros de la “ultraderecha” argumentaron que este aporte de la industria será desfavorable porque afectará el bolsillo de las venezolanas y los venezolanos, porque aumentará el precio de los bienes y servicios. Para la diputada, esto deja ver la verdadera cara de la federación de comercio nacional.
Explicó que el aporte establecido en la ley es una expresión de lo que deben hacer las empresarias y los empresarios en materia de corresponsabilidad.
“Confiesan que cada vez que tengan que hacer un aporte para el deporte, para la cultura, lo proyectarán luego en los precios de los bienes y servicios, son incapaces de verse disminuyendo ganancias, son incapaces de verse como corresponsables del proceso de transformación del país que les genera esas ganancias, lo de ellos es ganar, ganar, ganar”, sentenció.
Las empresarias y los empresarios venezolanos, remarcó Gladys Requena, “estaban acostumbrados a diputadas y diputados complacientes con sus intereses, que sucumbieron a sus intereses. ¡Pues se equivocaron y no se equivoquen más! Porque la bancada revolucionaria de la AN no sucumbirá jamás a los intereses económicos que atenten contra los derechos fundamentales de nuestro pueblo. No les estamos diciendo que no pueden hacer sus empresas, aquí tienen cabida todos pero con corresponsabilidad”.
La diputada también criticó que la ley se consultó durante un largo periodo y los voceros de la oposición, o de diferentes gremios, no se tomaron la molestia de participar.
Igualmente, denunció que periodistas de diferentes empresas dedicadas a la información se abstuvieron de reseñar el proceso que trajinó la ley.
LO QUE VIENE
La parlamentaria de la tolda roja por el estado Vargas reiteró su compromiso de aprobar leyes que se deprender de la LOC y prometió que en el segundo periodo de sesiones de la AN luchará para que se apruebe la reforma de la ley de promoción artesanal de 1993, que debe ser adaptada a la Constitución de 1999.
“Esté o no en la comisión de cultura seré una interlocutora del pueblo legislador, del pueblo cultor en la Asamblea para avanzar en dos leyes” que según la LOC deben ser aprobadas en un año.
La ley de gestión cultural y la ley de la diversidad cultural y patrimonio son los nuevos retos para el sector. La batalla legislativa en cultura continúa.
T/ Várvara Rangel Hill

Fracaso

EL NACIONAL - Domingo 18 de Agosto de 2013     Siete Días/7
El fracaso cultural   
TULIO HERNÁNDEZ

No es solamente en el terreno económico en donde el proyecto político del PSUV es un fracaso absoluto. También lo es en el campo cultural. Tanto en la acepción más amplia del término cultura, referida al sistema de valores, hábitos y creencias de un colectivo humano, como en el sentido más específico de las políticas públicas de cultura, aquellas que el Gobierno debe desarrollar por mandato constitucional.
Mirado desde su propia prédica, en términos de cultura política y ciudadana el chavismo es culturalmente un fracaso porque no logró promover en la población modos de actuar, valores y principios acordes con la ética humanista, colectivista, socialista y "amorosa" que dice defender. Los venezolanos del presente no son más solidarios, austeros, tolerantes, propensos al trabajo colectivo, atentos por el cuidado de lo público y conscientes del valor de la vida que en la era de la democracia bipartidista.
Todo lo contrario. Si nos guiamos por el índice de homicidios por cada 100.000 habitantes, un número significativo de venezolanos ha perdido totalmente el sagrado sentido de respeto por la vida humana. Y si nos guiamos por lo que vivimos diariamente en las calles de nuestras ciudades, otro número importante viola sistemática e intencionalmente las normas de tránsito y pone en riesgo permanentemente su vida y la de los demás.
Los venezolanos, y de manera más notoria en los sectores de menos recursos, son cada vez más víctimas del individualismo consumista. Basta ver lo que ocurre los días de pago en las grandes tiendas de electrodomésticos cuando ríos humanos compiten por la caza de un equipo de sonido o televisores planos de gran tamaño. Y es explicable, pues el mayor esfuerzo de inclusión realizado por el chavismo no ha sido a través de la generación de empleo, la creación de buenas condiciones de vida en los barrios pobres, o de un mejor sistema educativo. La inclusión fundamental del chavismo ha sido hecha a través del mercado, por vía del dinero en efectivo de la renta petrolera redistribuido directa y paternalistamente a través de las misiones.
Tampoco somos más "amorosos" como pregona con edulcorada retórica el inquilino de Miraflores. Ni más respetuosos de las diferencias. Nunca antes en la era democrática la sociedad había sido escenario de tan sistemático cultivo del odio por razones ideológicas, ni de tan hostil polarización política de la vida cotidiana expresada en las palizas que la bancada oficial suele propiciar a los representantes de la Unidad Democrática en la Asamblea Nacional y en el verbo irrespetuoso, homofóbico y moralmente decadente, que ha encontrado la semana que hoy concluye en el diputado rojo Pedro Carreño su síntesis más refinada.
Pero también en lo que a políticas culturales públicas se refiere el chavismo es un fracaso.
14 años después de la Constitución de 1999, esta semana se aprobó una Ley de Cultura estatista, centralista, inconsistente conceptual y jurídicamente, alejada del espíritu de los artículos sobre derechos culturales y educativos de la Constitución, y absolutamente desfasada con los grandes avances internacionales del pensamiento social sobre los temas culturales.
Es la prueba del desinterés por la cultura como hecho plural y del estancamiento intelectual en el bando oficialista.
Como muestra un botón.
En 2006, el día que inauguró La Villa del Cine, la única infraestructura cultural notable construida en la era roja, Hugo Chávez declaró pomposamente que se iniciaba "el fin de la hegemonía de Hollywood en las salas de cine venezolanas". Siete años de gobierno después, Bernardo Rotundo, presidente del Circuito Gran Cine, hombre políticamente moderado y verdadera autoridad en el área, ha llamado la atención declarando que "una de las peores carteleras de cine de América es la de Venezuela porque está sometida en un 95% a las obras de Hollywood" (El Universal, 12-8-13). Otra promesa incumplida. Otro fracaso cultural que remediar. ¿Será la de Pedro Carreño la cultura que vendrá?

Una misma tribuna para ideas confrontadas

TAL CUAL, Caracas, 15 de agosto de 2013
Una ley que castra
El instrumento legal que normaliza la cultura fue el punto 23 de los 26 en agenda. El oficialismo asegura que el Estado no prohíbe hacer rock lo que busca es salvaguardar lo nacional
SCARLE GARCÍA

Una Asamblea Nacional polarizada y con debates como los ocurridos el pasado martes, solo produce leyes llenas de críticas.

El diputado de la bancada de la oposición Luis Barragán e integrante de la Comisión de Cultura y Recreación de la Asamblea Nacional señaló que, además de la discusión veloz tras las consultas regionales que se establecieron para nutrir la Ley Orgánica de Cultura, el contexto en el que se desarrolló la segunda discusión demostró el triunfo de los antivalores y la descalificación de los adversarios. "Fue un mal debate: de 26 puntos en la agenda parlamentaria, esta normativa fue el 24. Eso es increíble".

La presidenta de la comisión, integrada por once diputados (seis del oficialismo y cinco de la oposición), Gladys Requena, aseguró que sus colegas de la Unidad Democrática no asistieron a las reuniones y mucho menos a las consultas hechas en el interior. Aunque reconoció que Barragán fue el único que estuvo pendiente de todos los procesos para aprobar la ley.

El diputado en cuestión dijo que asistió a al menos tres consultas y que solo vio opinando personas relacionadas con el oficialismo.

Al final, los parlamentarios del Partido Socialista Unido de Venezuela no ofrecieron los números y datos de las consulta para ver la calidad de la muestra, solo un cuadro comparativo. Pese a esto intentaron dar propuestas y no asumieron ninguna. "La idea es consagrar los 14 años de sus practicas culturales", indicó.

Requena, por su parte, asevera que la ley viene a desmontar la idea que tiene la oposición de que "la cultura es una mercancía y no está planteado estatizarla".

"El Estado no prohíbe que las agrupaciones cultiven y promuevan el rock, que forma parte de la cultura norteamericana. Lo que busca es salvaguardar y promover políticas públicas que fortalezcan la identidad nacional, no una identidad extranjera. Estamos en un concierto mundial: reconocemos otras culturas, pero buscamos que a nosotros también se nos reconozca. No puede atentar una cultura contra la otra", explicó la presidenta de la comisión ante los comentarios que enfatizan que no se reconocerán expresiones foráneas.

ADIÓS MECENAZGO
El mecenazgo privado desaparece de esta normativa que tiene 180 días para ser reglamentada por el Poder Ejecutivo, que precisará conceptos y procedimientos.

"Esa es una figura perversa creada por la empresa privada que busca no ayudar a los creadores, sino reducir sus impuestos para acumular más capital", destacó la diputada del PSUV. Si las compañías producen ganancias superiores a 20 mil unidades tributarias deberán otorgar el 1% al Fondo Nacional para la Cultura.

El problema en esencia radica en que "esos fondos escapan de todo control", señaló Barragán basándose en experiencias anteriores. La oposición reveló que estudian solicitar la nulidad parcial con recursos afinados jurídicamente.

Además, ante la hipótesis de que el presidente Nicolás Maduro no firmará la ley, como lo hizo Hugo Chávez en algunas ocasiones, dice que "sería un arrebato de genial inspiración que el Ejecutivo regrese la ley al Parlamento, y si eso ocurriera, el ministro tendría que renunciar y los defensores de la norma quedarían en ridículo".

SIMÓN BOLÍVAR EN LA LEY
El artículo 5 plantea los principios rectores del instrumento jurídico. Al iniciar la lectura parece muy acertado pero remata con la "consolidación de la unión latinoamericana y caribeña fundamentada en el pensamiento del Libertador Simón Bolívar".

Para el sociólogo y profesor de la maestría de Políticas Culturales de la Universidad Central de Venezuela esto es "un exabrupto porque la cultura es libre y no debe acceder al intervencionismo e ideologización del Estado".

Bancada de la MUD salva su voto

Caracas, 15 de agosto de 2013

Ciudadano
VICTOR CLARK BOSCAN
SECRETARIO DE LA ASAMBLEA NACIONAL
Su Despacho.-

Quienes suscribimos, Parlamentarios del Bloque de la Unidad Democrática, cordial y respetuosamente nos dirigimos a usted, a fin de hacerle llegar las razones de nuestro VOTO SALVADO a la aprobación de la LEY ORGANICA DE CULTURA, de conformidad con el artículo 96 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, a objeto de dejar constancia escrita y que sea insertado en el Diario de Debates.
Esta ley muestra una notoria involución en relación a los proyectos anteriores luego de la aprobación de la Constitución de 1999. Especialmente en relación al proyecto del año 2002, el mejor sustentado jurídica y conceptualmente, el que mejor interpreta el texto constitucional y el único que fue realizado con participación de sectores no necesariamente afectos al oficialismo. Asimismo, el Proyecto de Ley no recoge una importante serie de experiencias legislativas producidas en el contexto de América Latina (Colombia, Brasil, Costa Rica, por ejemplo) ni las generadas en el seno de la UNESCO relativas a políticas, derechos y cooperación cultural internacional.
El concepto cerrado de la "identidad nacional" que contradice el sentido de diversidad anunciado en las definiciones del primer capítulo y los acuerdos internacionales que Venezuela ha firmado como el "Convenio de Promoción y Protección de la Diversidad de Manifestaciones Culturales" aprobado por la UNESCO en el año 2005. La redacción da a entender que el legislador parte de un concepto estereotipado, no declarado de forma explìcita, pero que rige todo el documento. El término "identidad nacional" como conjunto de rasgos que habría que "conservar", contradice la definición constitucional de que "la cultura en Venezuela es multiétnica, pluricultural, intercultural, dinámica e indisolublemente latinoamericana y caribeña". En democracia, lalibertad de expresión, pensamiento y creación asegura que la diversidad de registros, expresiones y formas de vida puedan tener existencia en el Estado nacional.
Esta ley tiene mucha vaguedad, imprecisión e inconsistencia conceptual y en el caso del sistema cultural, ello se despacha sin definir con precisión de que tipo de organización se hablan quiénes son sus integrantes, cómo opera y cuáles son sus atribuciones básicas.
En este instrumento legal, prácticamente el único actor, el sujeto y objeto de la Ley, es el Estado y el Poder Popular. No hay un reconocimiento explícito a la diversidad de personas, instituciones, asociaciones civiles, creadores, promotores, empresas, cofradías, ateneos, grupos que conforman, producen, gestionan y crean ese mundo diverso que es la vida cultural del país. En consecuencia, el profundo centralismo de esta ley contradiciendo la característica descentralizadora de la República, explica el trato superficial y el desconocimiento de las competencias culturales municipales previstas en el Artículo 178, Ordinal 1 (competencias municipales relacionadas con el patrimonio histórico) y 5 (relacionados con actividades e instalaciones culturales).
La ley también posee grandes omisiones de temas, campos e instrumentos que son fundamentales en la cultura contemporánea y en los modelos más adelantados de gestión cltural pública como industrias culturales e industrias creativas, la cultura digital y sus redes, el Plan Nacional de Cultura elaborado de manera participativa con presencia de todos los actores, que significa además, una manera de eliminar la improvisación y la arbitrariedad en la toma de decisiones y de dotar a los ciudadanos de criterios para evaluar las gestiones de gobierno.
También se desconoce el papel del sector privado, por su notorio, evidente y público rol de productor de arte y cultura, como en el de mecenazgo y auspicio en términos de responsabilidad social y sólo se incorpora como contribuyente obligado al Fondo Nacional de Cultura. Creemos, como representantes del pueblo, este Fondo, además de inconstitucional, constituye un abuso de poder y estrategia para acabar con el auspicio privado.
Esta ley reduce drásticamente la posibilidad para los actores culturales de obtener financiamiento privado, porque al establecer ese impuesto, elimina de hecho el financiamiento directo que se venía haciendo a la actividad cultural.
Creemos que la falla más grave es que esta Ley no recoge el espíritu fundamental de los tres artículos de la Constitución del Capítulo VI "De los Derechos Educativos y Culturales", el 98 que declara la libertad de la creación cultural, el 99 que declara a la cultura como bien irrenunciable (social y jurídico) del pueblo venezolano y el artículo 100, sobre la igualdad de las culturas.
La Libertad de Cultura debe ser el primer gran principio constitucional. Todas las leyes de cultura de los países democráticos, y èste es el punto central de todo el debate, parten del principio de que el papel del Estado será el mediador y facilitador del acceso a los ciudadanos a la cultura y la creación; se hace neceario, por lo tanto, un paralelo reforzamiento de la garantía de la libertad. Se debió garantizar que la intervención del Estado no va a penetrar la esencia misma de la cultura, sus contenidos, orientaciones ideológicas, éticas y estéticas

Diputados adscritos a la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) / Asamblea Nacional
http://www.opinionynoticias.com/noticiaspolitica/16317-votos-salvados-en-aprobacion-de-ley-organica-de-cultura

Segunda discusión: I y II completas sobre la Ley Orgánica