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jueves, 29 de agosto de 2013
Nota crítica
Hermann Alvino
Nuestro parlamento, junto a tiempos gloriosos, ha tenido épocas vergonzosas; ello lo podemos leer en cualquier texto serio de historia patria, para así comprobar cuantos ignorantes han ocupado curules desde el Siglo XIX hasta nuestros días, realidad ésta que han tenido que tolerar y gestionar de la mejor manera posible parlamentarios brillantes -además de ciudadanos ejemplares- que ocuparon las presidencias de las cámaras, tanto la de Diputados como la del Senado, junto a estupendos jefes de fracción, que ataban en lo posible a tanto temerario que lograba salir electo en la díscola democracia, y que en cualquier momento les podía causar bochorno ajeno. Y solo por mencionar algunos de aquellos encargados de mantener el prestigio del Parlamento en la segunda parte del Siglo XX, tenemos a Ramón Guillermo Aveledo, José Rodríguez Iturbe, Carlos Canache Mata, Luis Herrera Campins, Eduardo Fernández, Reinaldo Leandro Mora, etc.
Ahora vivimos otra vez tiempos parlamentarios muy malos, por la degradación a la que los diputados chavistas han llevado a la Asamblea Nacional; una degradación con doble hojilla, ya que lo que al irrespeto se le “pasa”, el concepto que tienen de dicho organismo lo “repasa”. Y esto lo podemos palpar en dos episodios del pasado Martes 13 de Agosto:
El primero, y el más escandaloso -más no el más grave- se corresponde con el palabreo del diputado oficialista Pedro Carreño, al referirse a Capriles sobre el tema de la corrupción al gritar: “Responde, homosexual. Acepta el debate, maricón” (http://goo.gl/jHNWwc) o dicho en idioma Inglés, de acuerdo a la prensa foránea: “Answer, you homosexual. Accept the challenge, you faggot”(http://goo.gl/LiVzkO).Vergüenza internacional adicional, pues.
Está claro que en este caso el problema no era la supuesta corrupción en la Gobernación de Miranda, sino el atacar “por lo bajo a Capriles”, insinuando que si un hombre está soltero a los 41 años, pues es maricón. Esto es chavismo puro, guiado de la mano de Fidel Castro, limpiando el patio, desprestigiando a sus adversarios en lo personal, e inventando delitos y situaciones que, una vez bien insertadas en la opinión pública, quiérase o no, dejan rastro, si es que no van a lo directo, y apresan al valiente disidente.
Y como Capriles no es corrupto, pues tienen que recurrir al desprestigio personal, porque -que quede claro- tampoco el problema sería la tendencia sexual del “flaco” -que sería un problema solo de su incumbencia- sino la instrumentalización que el chavismo hace de un elemento sociológico que delata su naturaleza primitiva del poder. Para ilustrarlo mejor vaya el siguiente ejemplo:
Hace ya casi treinta años, en tierra adentro, hubo una fiesta de despedida a un secretario de gobierno, quien se iba a dedicar a otros menesteres; pues bien, entre trago y trago, y música llanera a reventar, el homenajeado se lanzó un mitin que terminó con la siguiente frase: “y a mí nunca nadie me podrá acusar de haber sido ni marico ni ladrón”.
Una frase legendaria, muy común en el imaginario popular, y muy aplaudida por la concurrencia, quien se mostró de acuerdo con los valores emitidos por este criollo de pura cepa, que a lo mejor, de haber vivido en un país protestante habría dicho: “ni católico, ni ladrón”; o al revés, en un país papista: “ni protestante, ni ladrón”. Allí se reflejó “eso” que aun campa muy dentro de ese machismo endógeno, como es el odio al maricón, que muchas veces lo que realmente representa es el odio a sí mismo, por serlo efectiva o potencialmente, y no poder hacer nada por evitarlo, y lo que es peor, por no tener el valor para salir del armario, por temer que eso podría ser su ruina personal, familiar, política, o económica.
Pues bien, Pedro Carreño representa ese macho criollo que odia al maricón -sus razones tendrá…-, un macho que además cuyo estereotipo es compatible con el de los padres, tías, primas, abuelas y amigas, que miran con muy malos ojos a la mujer que sigue soltera luego de sus 25 años, porque irá a “vestir santos”…por decir lo menos. O, en otras palabras, el diputado Carreño es el representante de un pasado podrido y reaccionario, rescatado por un régimen que desea seguir manteniendo en la oscuridad a su pueblo.
El otro episodio de ese infausto dia ocurrió durante la discusión de la Ley Orgánica de la Cultura, aprobada con todos sus defectos conceptuales, chapuzas redaccionales y abusos confiscatorios por la ciega mayoría chavista.
En esa discusión destacó el discurso de la diputada Requena, chavista, promotora de dicha Ley, y abanderada de su defensa parlamentaria, quien nos trajo un elemento grave, como fue el no argumentar, sino atacar personalmente a quienes proponían otros enfoques. La contraparte democrática en esa discusión estuvo a cargo del diputado Luis Barragán, quien le regaló al país un ejemplo de comportamiento sobrio, respetuoso y concreto, de lo que debe ser un parlamentario al presentar sus argumentos y propuestas.
A los argumentos de Barragán, la representante Requena simplemente no le hizo el menor caso, porque lo suyo era atacar a la persona, apoyada además por el rugido de las barras, integradas seguramente por incautos y vivarachos que sabrán medrar un sueldito de las estructuras culturales que crea dicha ley.
Es claro que esa suerte de “cambote” entre Requena y su barra brava, agraciado por la presidencia de la cámara, que durante ese lapso la ocupó el chavista Darío Vivas, ni siquiera inmutó al sereno Barragán, quien, para desesperación de sus adversarios y por saber que le correspondía la razón en sus argumentos, siguió mostrando la infinita seguridad en sí mismo a la que ya tiene acostumbrados a los miembros de la Asamblea.
Pero lo más grave no fue el ataque personal -que denota un patrón chavista, al enlazarlo con la intervención de Carreño- sino una frase de la diputada en la que ella, incautamente, delata la verdadera naturaleza del régimen, porque al referirse a su adversario democrático Barragán, Requena afirmó que “…que él cree que el Parlamento es la expresión del poder popular…”. La frase se puede comprobar mediante el enlace (http://goo.gl/HEDxpx) exactamente en el minuto 27 con 10 segundos.
Allí pues reside la clave del asunto: de acuerdo al chavismo, o si se quiere, al régimen del usurpador Maduro, guiado por la mano de Fidel Castro: la Asamblea Nacional no representa al poder popular. Y Requena, al cargarse el Artículo 5 de su propia constitución chapucera -que establece que “Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos”- por primera vez se hace explícito lo que todos sabemos: que desde hace casi quince años en Venezuela no existe separación de poderes, y que el poder mismo es uno solo, representado por una asociación mafiosa denominada PSUV que utiliza a las instituciones públicas -y privadas- para su beneficio y enriquecimiento personal.
Un mal día pues en la Asamblea Nacional, que no será peor de los que puedan venir próximamente, dada la hiperquinética patalequera chavista en cerrar el círculo, cosa que hará con la segura concesión de una Ley Habilitante a un usurpador de la Presidencia.
Y con ello posiblemente pasemos de esta dictablanda a una dictadura. La propia pues.
Avisados estamos.
https://vivalapolitica.wordpress.com/2013/08/19/un-dia-cualquiera-en-la-asamblea-nacional/
Fotografía: Acto de rechazo al por entonces proyecto oficialista (El Diario de Caracas).
martes, 27 de agosto de 2013
Comisión, ¿hoy?
... Está convocado un acto para hoy en la sede legislativa, a objeto de promulgar la Ley Orgánica de Cultura. Excepto los diputados de la oposición. Entendemos que no irán y no sólo porque hay receso legislativo, sino para protestar - justamente - por la falta de debate de un proyecto aceleradamente sancionado. Pero, además, siendo un acto de Estado, se ahorraron la invitación.
... Por cierto, no hubo diputado de la oposición, por lo menos, que tuviera en su correo la versión completa de la Ley Orgánica de Cultura sancionada. La solicitaron varias veces. Fue vino, vino y fue, sin que supieran si es exactamente la sancionada. Ni siquiera el website de la AN la públicó. Es costumbre, pues.
... Molesta que hsaya gente que tarden en piar. Una historia de la consideración de la LOC por estos dos años, revelaría la indiferencia absoluta de quienes hoy se rasgan las vestiduras. Esto incluye a un escritor y burócrata de fundaciones, quien - quizá por comodidad - evadió toda responsabilidad hasta para considerar el proyecto, y hasta fue requerido por un diputado de la oposición en su propia entidad federal. Un día antes, el escritor llenó un periódico con sus indignadas declaraciones como si nada.
... Seguiremos con este blog para considerar las leyes que también generará la LOC. ¿Para qué crear más y más portales, si con este modesto aporte basta?
Antonio Rojas
... Por cierto, no hubo diputado de la oposición, por lo menos, que tuviera en su correo la versión completa de la Ley Orgánica de Cultura sancionada. La solicitaron varias veces. Fue vino, vino y fue, sin que supieran si es exactamente la sancionada. Ni siquiera el website de la AN la públicó. Es costumbre, pues.
... Molesta que hsaya gente que tarden en piar. Una historia de la consideración de la LOC por estos dos años, revelaría la indiferencia absoluta de quienes hoy se rasgan las vestiduras. Esto incluye a un escritor y burócrata de fundaciones, quien - quizá por comodidad - evadió toda responsabilidad hasta para considerar el proyecto, y hasta fue requerido por un diputado de la oposición en su propia entidad federal. Un día antes, el escritor llenó un periódico con sus indignadas declaraciones como si nada.
... Seguiremos con este blog para considerar las leyes que también generará la LOC. ¿Para qué crear más y más portales, si con este modesto aporte basta?
Antonio Rojas
viernes, 23 de agosto de 2013
Habilitante y cultura
Luis Barragán: Nicolás Maduro está buscando “un diputado 99 que no conseguirá”
Publicado el 22 de ago de 2013 8:42 pm |
12 comentarios
Video: Noticias24, 22 de agosto de 2013
Durante el programa “Tuitmómetro” conducido por Miguel González Mele, el diputado Luis Barrabán quien era diputado suplente y ahora es titular luego de que le fuese allanada la inmunidad parlamentaria a Richard Mardo, apuntó que “hay batallas que requieren de mucho esfuerzo y dedicación”, haciendo referencia al lucha contra la corrupción que quiere emprender el Gobierno.
“Como vieron que nadie se subastaría, cambiaron a que ahora el 99 es pueblo”
Agregó que el presidente Nicolás Maduro está buscando “un diputado 99 que no conseguirá”, de esa manera para el diputado dicho tema ha generado expectativas y es parte de una “guerra psicológica”.“Expectativas como esta que llaman diputado 99” para Barragán dan la idea de que los opositores se están “subastando” y eso es lo que quiere mostrar el Gobierno, pero “como vieron que nadie se subastaría, cambiaron a que ahora el 99 es el pueblo”.
A su juicio, el primer mandatario debería dedicarse a gobernar y permitir que la oposición ejerza el debido control en la AN y a su vez el parlamento ejecute su control ante el Ejecutivo Nacional.
Destacó que desde el 2011 la Ley de Corrupción se encuentra engavetada en la Procuraduría General de la República e instó a que el Sebin llene el crucigrama que apunta a una sola persona “Nicolás Maduro” y se le pregunte que pasó con la corrupción.
Para el diputado, la oposición no ha perdido terreno, pues han recuperado el suficiente para combatir al Gobierno, “no abandonamos los espacios conquistados electoralmente”.
Foto: Zorailly Rondón / Noticias24
lunes, 19 de agosto de 2013
Tres textos
De la subrepticia habilitación cultural
Luis Barragán
Histórica, reveladora y lamentable jornada, no pudo tener peor contexto la discusión final del Proyecto de Ley Orgánica de Cultura que la sesión del linchamiento moral de un partido de oposición. Sumada a la plenaria de la consabida y literal golpiza, sintetiza muy bien el sesgo antiparlamentario del oficialismo que, por cierto, deliberadamente limitó el tiempo reglamentario de las intervenciones en cámara para sacrificar la palabra razonada a favor del trámite telegráfico, aún tratándose de la consideración de propuestas legales de sobrada trascendencia como la aludida.
Obviamente, integrante de la Comisión Permanente de Cultura, dejamos constancia de nuestros modestos planteamientos, intentándolos directos y concisos para evitar la diatriba inútil y disparatada frente a la propia y estigmatizadora dirección de debates, concertada con los partidarios del gobierno que tuvieron de nuevo la ventaja de repletar las barras. Entre varios de los asuntos tratados, culminamos negando la disposición transitoria tercera que estableció un plazo de180 días para que el Ejecutivo Nacional reglamentase la Ley Orgánica, denunciándola como una habilitación enmascarada, provocando el inmediato comentario descalificador del diputado que presuntamente arbitraba la sesión de la Asamblea Nacional, pues, sabemos muy bien la facultad que tiene el Ejecutivo Nacional de reglamentar las leyes ordinarias, aunque él ignora olímpicamente el problema que acarrea hacerlo con las que cuentan con un carácter orgánico.
En efecto, escasa suerte ha corrido la materia en la vigente Constitución de la República, pues, con las aparentemente premeditadas omisiones del constituyente que despachó el asunto con desenfadada rapidez, las leyes orgánicas no sólo pueden aprobarse por una mayoría simple, sino también inmediatamente reglamentarse, perdiendo su identidad, naturaleza y alcance. Confusión ésta que subraya la pretensión y vocación de un instrumento orientado a reforzar y garantizar el monopolio cultural del Estado, como el recientemente sancionado, permitiéndole legislar al Ejecutivo a todo trance.
La interpretación exclusivamente gramatical y aislada del numeral 10 del artículo 236 de la Constitución de la República, se ha convertido en una estupenda herramienta del automatismo legislativo, manufacturando interesadamente las normas que las circunstancias imponen a través de la reglamentación de los más variados instrumentos orgánicos. Sin embargo, antecede el artículo el artículo 203 constitucional que, al distinguir entre leyes, precisa que las orgánicas – además – se dictan para “desarrollar los derechos constitucionales y las que sirvan de marco normativo a otras leyes”, por lo que – se infiere - ameritan de leyes especiales u ordinarias, gracias a una interpretación sistémica o contextual de la disposición.
De modo que una Ley Orgánica como la de Cultura, requiere desarrollarse a través de las leyes especiales u ordinarias que, por cierto, a pesar de la inocultable complejidad de la materia, no trató ni sistematizó debidamente precisando la variedad de áreas, ámbitos y facetas que comporta, apenas disimulada con la intención de revisar y adecuar siete leyes de inferior rango. Más allá de la exigencias técnicas y de las vicisitudes administrativas, la vía reglamentaria pretenderá remediar tan conveniente dolencia, pues, el instrumento sancionado es lo suficientemente simplista y simplificador que, a la luz del derecho comparado, su reducido y maniqueo articulado así lo forzará antes que arriesgarse a una futura reforma por el parlamento.
En todo caso, ¿qué objeto tiene distinguir entre leyes orgánicas y leyes especiales u ordinarias, amén de las habilitantes?; ¿entre los diferentes órganos del Poder Público Nacional, generadores de actos de una contrastante eficacia jurídica que los explica?; ¿acaso “el derecho a la vida” del que habla el artículo 43 constitucional ha de puntualizar detalladamente que se trata de la vida humana y no sólo de las personas privadas de libertad, en servicio militar o interdictadas, como sostendría un acérrimo intérprete gramatical, a guisa de ilustración?; ¿la pretensión no es la de convertir al Ejecutivo Nacional en el único legislador, apenas complementado por la Asamblea Nacional?
Por consiguiente, fue legítima y fundada nuestra discrepancia, ya que un instrumento legal tan deficiente abre el camino para que el Ejecutivo Nacional lo perfeccione o diga perfeccionarlo, mediante una delegación o habilitación encubierta. Sucintamente razonada, debido al tiempo disponible, e incomprendida por la propia dirección de debates, nuestra postura, equivalente a una denuncia, apuntó – por una parte - a la voluntad subrepticia del legislador que ratifica una solución que no debe sobrevivir a una futura transición democrática, probablemente tentada en los términos de Hannah Arendt, como anteriormente nos referimos – por otra - a la voluntad manifiesta respecto a la llamada zona de interés cultural, ajena a la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación.
Estudiamos la interposición de sendos recursos por ante el Tribunal Supremo de Justicia, relacionados con la nulidad parcial de la Ley Orgánica de Cultura, en el caso de su fiel promulgación, y la aclaratoria del numeral 10 del artículo 236 constitucional. Y esperamos que, aprendida la lección, en un futuro recuperemos y mejoremos una tradición parlamentaria que ahora padece la crisis de quienes dijeron innovarla, pulverizándola.
http://www.noticierodigital.com/2013/08/de-la-subrepticia-habilitacion-cultural/
De una Ley Orgánica literalmente del PSUV
Luis Barragán
Ha tardado la Asamblea Nacional más de una década para legislar en la materia cultural, sin que fuese importante para las consabidas habilitaciones de Hugo Chávez. Se dirá que no podía hacerlo tratándose de una Ley Orgánica, pero no olvidemos - lo hizo en materia militar y laboral con absoluto desenfado.
En el actual período legislativo, por tercer años consecutivo, el Proyecto de Ley Orgánica de Cultura fue declarado un asunto prioritario para la Comisión Permanente de Cultura y Recreación, aunque la deuda no los acomplejó para celebrar distintos actos demagógicos que condujeron a un constante emplazamiento de la oposición democrática, por ejemplo, finalizando 2012 (http://www.youtube.com/watch?v=XN2cQrhRwz8). En numerosas ocasiones, la oposición llamó la atención de los comisionados, incluyendo un extenso documento de propuestas que no gozaban siquiera de la respuesta de los diputados gubernamentales, quienes confiaban en una súbita habilitación, cuya amenaza obligaba a tales emplazamientos.
Al principiar 2013, vino la orden del otrora ministro Calzadilla. E intensificamos nuestra preocupación y trabajo, participando en un proceso que debía sacudir la consciencia social por la gravedad del instrumento, aunque – luego lo constatamos – la movilización oficialista fue débil, a pesar de contar con superiores recursos respecto a la oposición.
Para el 19 de julio del presente año, culminaron las consultas regionales celebradas objetiva y exclusivamente con los partidarios del gobierno, cumpliendo con nuestro compromiso de asistencia y escucha de los planteamientos en las citas de Porlamar, Mérida y Barinas, sumado el encuentro que propició la Fundación Bigot, y todo a pesar del arbitrario cambio de la sede de Barquisimeto. Se trataba de un borrador de trabajo expuesto al análisis que, naturalmente, al debatirse en el seno de la Comisión, artículo por artículo, requería del concurso y de la buena intención de todos los comisionados.
La mayoría del PSUV decidió agotar la propuesta en un solo día, principiando agosto, aunque su complejidad e implicaciones ameritaban de una agenda definitivamente más amplia de reuniones y consultas, por si fuese poco, especializadas. Sospechamos que el tratamiento no sería estrictamente institucional, meses atrás, desde el mismo momento que derrotaron nuestra idea de oficiar a las instancias administrativas de investigación histórica y legislativa, como a la consultoría jurídica de la Asamblea Nacional, para que ayudasen a los comisionados a perfeccionar la información y afinar los criterios que contribuyesen a un mejor instrumento. Sin embargo, aunque el PSUV era y es mayoría simple en la Comisión, lo cual le garantizaba una superior elaboración de sus propuestas a través de la libre discusión de las ideas, sin que perdiese la votación, se impuso la premura que nos permitimos calificar como un acto de “legislación por desesperación”, sorprendidos por la decisión de llevar a toda costa el proyecto a las sesiones plenarias de la Asamblea Nacional, antes del receso.
Premura que ahora comprendemos, porque aún está en juego el ministerio de la Cultura en los cálculos de un posible cambio de gabinete, pero que sincera radicalmente el peso determinante del PSUV frente a sus aliados, o los que se creen socios con títulos semejantes en el ejercicio del gobierno. Ya no cabe vacilación alguna sobre el principal partido del y en el gobierno, por lo que – simplemente – los demás partidos deben resignadamente acatar sus designios, reducido el llamado Gran Polo Patriótico a una suerte de sociedad en comandita.
Solicitamos, por una parte, un plazo mayor para conocer y discutir una Ley Orgánica requerida de un consenso necesario, básico e indispensable a favor de su propia y futura viabilidad (por ejemplo: Últimas Noticias, Caracas, 27/07/13). Además, supimos que la propuesta no gozaba tampoco del acuerdo de todos los sectores oficialistas, como bien lo ejemplificó Luis Palencia (http://www.aporrea.org/ideologia/a171256.html), aunque no quisimos emplearlo en el debate parlamentario para evitar que se nos acusara de aprovechar las obvias diferencias en el seno de las corrientes gubernamentales, sacrificando la concisión y sobriedad de nuestros planteamiento en la cámara.
Por otra, comprobamos que nuestras declaraciones produjeron esa campanada de reflexión en el oficialismo con independencia de las precisas posturas políticas e ideológicas que nos caracterizan, ya que – en definitiva – el problema estuvo en el procedimiento y no tardará el mismo gobierno en auspiciar una reforma legal, según la costumbre, porque sabe limitada la vía reglamentaria. Finalmente, el inicial planteamiento del Proyecto de Ley Orgánica de Cultura constituyó toda una proeza de la confesión que nos releva de pruebas, porque la diputada ponente agradeció el aporte de las instancias administrativas de la Asamblea Nacional, de los despachos ministeriales y otros órganos de la administración pública, del PSUV y personalidades afines que nos permite concluir que fuera del partido nada y dentro del partido, todo.
http://opinionynoticias.com/opinionpolitica/16344-de-una-ley-organica-literalmente-del-psuv
Fondo cultural: carta astral
Luis Barragán
La novísima Ley Orgánica de Cultura, presta para su promulgación después de la obligada pasantía por el TSJ, contempla un Fondo. La propuesta nunca fue planteada por el PSUV en el seno de la Comisión Permanente de Cultura de la Asamblea Nacional, y mucho menos votada por la oposición, e hizo su sorpresivo debut al iniciarse la segunda discusión del proyecto, sacada de la vieja chistera.
La idea del Fondo propiciaba la confusión, pues, aceptarlo significaba alinearse con las causas populares, mientras que el rechazo nos llevaría al corral de los supremos intereses de Fedecámaras. Confusión de alta rentabilidad política que escondía la triquiñuela de una súbita aparición, e – inevitable – forzaba a una postura inequívoca de rechazo por el grueso de la bancada democrática de la oposición que, como integrante de la aludida Comisión, nos responsabilizó de la vocería.
Por lo demás, piando tarde, el gremio empresarial apenas había consignado su inconformidad horas antes de la siguiente sesión de la plenaria que lo consideró, agotado evidentemente el lapso para la consignación de propuestas que interpela la desatención prestada por la entidad a un proyecto de tanta gravedad. Y, aunque genere asombro, un debate de tan escaso tiempo para los oradores, condujo a una apretada síntesis de nuestros alegatos para rechazar la pretensión gubernamental.
Al igual que la aplicación de toda la Ley Orgánica de Cultura no deparará otras sorpresas, excepto las que incremente una abusiva reglamentación, consagrando la política cultural del Estado en más de una década, el Fondo tiene un destino horoscopalmente certero. Pueden hacerse ilusiones los más ingenuos, quienes dicen adivinarlo como remedio para las vicisitudes y urgencias sociales de los trabajadores culturales, por ejemplo, pero lo cierto es que constituirá un desaguadero de recursos de acuerdo a los caprichos gubernamentales, amén de convertirse en un arma de persecución para las entidades e iniciativas diferentes al Estado.
Para nadie es un secreto que, por muy alto que la cesta petrolera se cotice en los mercados internacionales, más elevada aún es la voracidad fiscal del gobierno. Bastará con cruzar una data dispuesta en las propias redes para comprobar el despilfarro sistemático de un régimen que, por cierto, curiosamente, reinventando la propia noción del delito, descubre la corrupción fuera del gobierno y entre quienes no manejan recursos públicos, negado a explicar el descenso de las propias reservas internacionales.
El presupuesto público nacional está fundado principalmente en las contribuciones que realiza la ciudadanía, sin excepción alguna, pues es el pueblo el que resignadamente cumple con el IVA, sin contraprestación alguna, en el menor de los casos. Los ingresos petroleros están destinados esencial y directamente a sendos fondos de los que muy pocos o nadie sabe en cuanto a inversiones y cumplimientos de metas, y que ni la misma Asamblea Nacional logra controlar, al margen del presupuesto y la deliberación parlamentaria.
Nada autoriza a una distinción entre el Fondo de Cultura y los otros Fondos creados por varias leyes orgánicas. Benjamín Scharifker, por ejemplo, ha demostrado que el correspondiente a Ciencia, Tecnología e Innovación, desestimulada la inversión privada y golpeadas las universidades autónomas, se ha traducido en un descenso de los artículos de producción científica y tecnológica, indicador confiable de las actividades del sector, por lo que hasta ahora se sabe.
El sólo hecho de un financiamiento a través de recursos extraordinarios, sumando diferentes cargas contributivas para la empresa privada, administrado por entidades de las que poco o nada se sabe, acumulada la nefasta experiencia de numerosos fondos discrecionales, alienta la sospecha. Diferente es prever los recursos ordinarios disponibles o los que extraordinariamente puedan despuntar, y presupuestar en el marco de una definida política pública cultural, proyectarlos y someterlos al debate parlamentario, hacer el seguimiento y control, fijar responsabilidades: nunca olvidamos a Jorge Castañeda en “La utopía desarmada”, por aquello del saneamiento de las finanzas públicas como un estupendo aporte a la justicia social.
Por añadidura, evadiendo su responsabilidad punitiva, claramente definida, frente a las incursiones delictivas que tentaran al sector social o mercantil en la materia, como el fraude tributario, el Estado preventivamente apostaría por y perpetraría su liquidación. Vale decir, garantizando el monopolio cultural del Estado que, en propiedad, transversaliza el reciente instrumento legal, supeditaría, absorbería y pulverizaría toda manifestación distinta al poder establecido.
Preferimos optar por la eliminación de la norma que establece el Fondo de Cultura, antes que pretender aliviarla, porque es otro el contexto de las finanzas públicas el que merece. Zodiacalmente, el Fondo está destinado a convertirse en un inútil artefacto, salvo para quienes lo administren, agregando a los potenciales beneficiarios que requieran organizarse y reacomodarse como una clientela específica en el concierto del socialismo rentístico que nos agobia.
http://www.analitica.com/colaboradores/pprof.asp?columnista=Luis%20Barrag%E1n
Luis Barragán
Histórica, reveladora y lamentable jornada, no pudo tener peor contexto la discusión final del Proyecto de Ley Orgánica de Cultura que la sesión del linchamiento moral de un partido de oposición. Sumada a la plenaria de la consabida y literal golpiza, sintetiza muy bien el sesgo antiparlamentario del oficialismo que, por cierto, deliberadamente limitó el tiempo reglamentario de las intervenciones en cámara para sacrificar la palabra razonada a favor del trámite telegráfico, aún tratándose de la consideración de propuestas legales de sobrada trascendencia como la aludida.
Obviamente, integrante de la Comisión Permanente de Cultura, dejamos constancia de nuestros modestos planteamientos, intentándolos directos y concisos para evitar la diatriba inútil y disparatada frente a la propia y estigmatizadora dirección de debates, concertada con los partidarios del gobierno que tuvieron de nuevo la ventaja de repletar las barras. Entre varios de los asuntos tratados, culminamos negando la disposición transitoria tercera que estableció un plazo de180 días para que el Ejecutivo Nacional reglamentase la Ley Orgánica, denunciándola como una habilitación enmascarada, provocando el inmediato comentario descalificador del diputado que presuntamente arbitraba la sesión de la Asamblea Nacional, pues, sabemos muy bien la facultad que tiene el Ejecutivo Nacional de reglamentar las leyes ordinarias, aunque él ignora olímpicamente el problema que acarrea hacerlo con las que cuentan con un carácter orgánico.
En efecto, escasa suerte ha corrido la materia en la vigente Constitución de la República, pues, con las aparentemente premeditadas omisiones del constituyente que despachó el asunto con desenfadada rapidez, las leyes orgánicas no sólo pueden aprobarse por una mayoría simple, sino también inmediatamente reglamentarse, perdiendo su identidad, naturaleza y alcance. Confusión ésta que subraya la pretensión y vocación de un instrumento orientado a reforzar y garantizar el monopolio cultural del Estado, como el recientemente sancionado, permitiéndole legislar al Ejecutivo a todo trance.
La interpretación exclusivamente gramatical y aislada del numeral 10 del artículo 236 de la Constitución de la República, se ha convertido en una estupenda herramienta del automatismo legislativo, manufacturando interesadamente las normas que las circunstancias imponen a través de la reglamentación de los más variados instrumentos orgánicos. Sin embargo, antecede el artículo el artículo 203 constitucional que, al distinguir entre leyes, precisa que las orgánicas – además – se dictan para “desarrollar los derechos constitucionales y las que sirvan de marco normativo a otras leyes”, por lo que – se infiere - ameritan de leyes especiales u ordinarias, gracias a una interpretación sistémica o contextual de la disposición.
De modo que una Ley Orgánica como la de Cultura, requiere desarrollarse a través de las leyes especiales u ordinarias que, por cierto, a pesar de la inocultable complejidad de la materia, no trató ni sistematizó debidamente precisando la variedad de áreas, ámbitos y facetas que comporta, apenas disimulada con la intención de revisar y adecuar siete leyes de inferior rango. Más allá de la exigencias técnicas y de las vicisitudes administrativas, la vía reglamentaria pretenderá remediar tan conveniente dolencia, pues, el instrumento sancionado es lo suficientemente simplista y simplificador que, a la luz del derecho comparado, su reducido y maniqueo articulado así lo forzará antes que arriesgarse a una futura reforma por el parlamento.
En todo caso, ¿qué objeto tiene distinguir entre leyes orgánicas y leyes especiales u ordinarias, amén de las habilitantes?; ¿entre los diferentes órganos del Poder Público Nacional, generadores de actos de una contrastante eficacia jurídica que los explica?; ¿acaso “el derecho a la vida” del que habla el artículo 43 constitucional ha de puntualizar detalladamente que se trata de la vida humana y no sólo de las personas privadas de libertad, en servicio militar o interdictadas, como sostendría un acérrimo intérprete gramatical, a guisa de ilustración?; ¿la pretensión no es la de convertir al Ejecutivo Nacional en el único legislador, apenas complementado por la Asamblea Nacional?
Por consiguiente, fue legítima y fundada nuestra discrepancia, ya que un instrumento legal tan deficiente abre el camino para que el Ejecutivo Nacional lo perfeccione o diga perfeccionarlo, mediante una delegación o habilitación encubierta. Sucintamente razonada, debido al tiempo disponible, e incomprendida por la propia dirección de debates, nuestra postura, equivalente a una denuncia, apuntó – por una parte - a la voluntad subrepticia del legislador que ratifica una solución que no debe sobrevivir a una futura transición democrática, probablemente tentada en los términos de Hannah Arendt, como anteriormente nos referimos – por otra - a la voluntad manifiesta respecto a la llamada zona de interés cultural, ajena a la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación.
Estudiamos la interposición de sendos recursos por ante el Tribunal Supremo de Justicia, relacionados con la nulidad parcial de la Ley Orgánica de Cultura, en el caso de su fiel promulgación, y la aclaratoria del numeral 10 del artículo 236 constitucional. Y esperamos que, aprendida la lección, en un futuro recuperemos y mejoremos una tradición parlamentaria que ahora padece la crisis de quienes dijeron innovarla, pulverizándola.
http://www.noticierodigital.com/2013/08/de-la-subrepticia-habilitacion-cultural/
De una Ley Orgánica literalmente del PSUV
Luis Barragán
Ha tardado la Asamblea Nacional más de una década para legislar en la materia cultural, sin que fuese importante para las consabidas habilitaciones de Hugo Chávez. Se dirá que no podía hacerlo tratándose de una Ley Orgánica, pero no olvidemos - lo hizo en materia militar y laboral con absoluto desenfado.
En el actual período legislativo, por tercer años consecutivo, el Proyecto de Ley Orgánica de Cultura fue declarado un asunto prioritario para la Comisión Permanente de Cultura y Recreación, aunque la deuda no los acomplejó para celebrar distintos actos demagógicos que condujeron a un constante emplazamiento de la oposición democrática, por ejemplo, finalizando 2012 (http://www.youtube.com/watch?v=XN2cQrhRwz8). En numerosas ocasiones, la oposición llamó la atención de los comisionados, incluyendo un extenso documento de propuestas que no gozaban siquiera de la respuesta de los diputados gubernamentales, quienes confiaban en una súbita habilitación, cuya amenaza obligaba a tales emplazamientos.
Al principiar 2013, vino la orden del otrora ministro Calzadilla. E intensificamos nuestra preocupación y trabajo, participando en un proceso que debía sacudir la consciencia social por la gravedad del instrumento, aunque – luego lo constatamos – la movilización oficialista fue débil, a pesar de contar con superiores recursos respecto a la oposición.
Para el 19 de julio del presente año, culminaron las consultas regionales celebradas objetiva y exclusivamente con los partidarios del gobierno, cumpliendo con nuestro compromiso de asistencia y escucha de los planteamientos en las citas de Porlamar, Mérida y Barinas, sumado el encuentro que propició la Fundación Bigot, y todo a pesar del arbitrario cambio de la sede de Barquisimeto. Se trataba de un borrador de trabajo expuesto al análisis que, naturalmente, al debatirse en el seno de la Comisión, artículo por artículo, requería del concurso y de la buena intención de todos los comisionados.
La mayoría del PSUV decidió agotar la propuesta en un solo día, principiando agosto, aunque su complejidad e implicaciones ameritaban de una agenda definitivamente más amplia de reuniones y consultas, por si fuese poco, especializadas. Sospechamos que el tratamiento no sería estrictamente institucional, meses atrás, desde el mismo momento que derrotaron nuestra idea de oficiar a las instancias administrativas de investigación histórica y legislativa, como a la consultoría jurídica de la Asamblea Nacional, para que ayudasen a los comisionados a perfeccionar la información y afinar los criterios que contribuyesen a un mejor instrumento. Sin embargo, aunque el PSUV era y es mayoría simple en la Comisión, lo cual le garantizaba una superior elaboración de sus propuestas a través de la libre discusión de las ideas, sin que perdiese la votación, se impuso la premura que nos permitimos calificar como un acto de “legislación por desesperación”, sorprendidos por la decisión de llevar a toda costa el proyecto a las sesiones plenarias de la Asamblea Nacional, antes del receso.
Premura que ahora comprendemos, porque aún está en juego el ministerio de la Cultura en los cálculos de un posible cambio de gabinete, pero que sincera radicalmente el peso determinante del PSUV frente a sus aliados, o los que se creen socios con títulos semejantes en el ejercicio del gobierno. Ya no cabe vacilación alguna sobre el principal partido del y en el gobierno, por lo que – simplemente – los demás partidos deben resignadamente acatar sus designios, reducido el llamado Gran Polo Patriótico a una suerte de sociedad en comandita.
Solicitamos, por una parte, un plazo mayor para conocer y discutir una Ley Orgánica requerida de un consenso necesario, básico e indispensable a favor de su propia y futura viabilidad (por ejemplo: Últimas Noticias, Caracas, 27/07/13). Además, supimos que la propuesta no gozaba tampoco del acuerdo de todos los sectores oficialistas, como bien lo ejemplificó Luis Palencia (http://www.aporrea.org/ideologia/a171256.html), aunque no quisimos emplearlo en el debate parlamentario para evitar que se nos acusara de aprovechar las obvias diferencias en el seno de las corrientes gubernamentales, sacrificando la concisión y sobriedad de nuestros planteamiento en la cámara.
Por otra, comprobamos que nuestras declaraciones produjeron esa campanada de reflexión en el oficialismo con independencia de las precisas posturas políticas e ideológicas que nos caracterizan, ya que – en definitiva – el problema estuvo en el procedimiento y no tardará el mismo gobierno en auspiciar una reforma legal, según la costumbre, porque sabe limitada la vía reglamentaria. Finalmente, el inicial planteamiento del Proyecto de Ley Orgánica de Cultura constituyó toda una proeza de la confesión que nos releva de pruebas, porque la diputada ponente agradeció el aporte de las instancias administrativas de la Asamblea Nacional, de los despachos ministeriales y otros órganos de la administración pública, del PSUV y personalidades afines que nos permite concluir que fuera del partido nada y dentro del partido, todo.
http://opinionynoticias.com/opinionpolitica/16344-de-una-ley-organica-literalmente-del-psuv
Fondo cultural: carta astral
Luis Barragán
La novísima Ley Orgánica de Cultura, presta para su promulgación después de la obligada pasantía por el TSJ, contempla un Fondo. La propuesta nunca fue planteada por el PSUV en el seno de la Comisión Permanente de Cultura de la Asamblea Nacional, y mucho menos votada por la oposición, e hizo su sorpresivo debut al iniciarse la segunda discusión del proyecto, sacada de la vieja chistera.
La idea del Fondo propiciaba la confusión, pues, aceptarlo significaba alinearse con las causas populares, mientras que el rechazo nos llevaría al corral de los supremos intereses de Fedecámaras. Confusión de alta rentabilidad política que escondía la triquiñuela de una súbita aparición, e – inevitable – forzaba a una postura inequívoca de rechazo por el grueso de la bancada democrática de la oposición que, como integrante de la aludida Comisión, nos responsabilizó de la vocería.
Por lo demás, piando tarde, el gremio empresarial apenas había consignado su inconformidad horas antes de la siguiente sesión de la plenaria que lo consideró, agotado evidentemente el lapso para la consignación de propuestas que interpela la desatención prestada por la entidad a un proyecto de tanta gravedad. Y, aunque genere asombro, un debate de tan escaso tiempo para los oradores, condujo a una apretada síntesis de nuestros alegatos para rechazar la pretensión gubernamental.
Al igual que la aplicación de toda la Ley Orgánica de Cultura no deparará otras sorpresas, excepto las que incremente una abusiva reglamentación, consagrando la política cultural del Estado en más de una década, el Fondo tiene un destino horoscopalmente certero. Pueden hacerse ilusiones los más ingenuos, quienes dicen adivinarlo como remedio para las vicisitudes y urgencias sociales de los trabajadores culturales, por ejemplo, pero lo cierto es que constituirá un desaguadero de recursos de acuerdo a los caprichos gubernamentales, amén de convertirse en un arma de persecución para las entidades e iniciativas diferentes al Estado.
Para nadie es un secreto que, por muy alto que la cesta petrolera se cotice en los mercados internacionales, más elevada aún es la voracidad fiscal del gobierno. Bastará con cruzar una data dispuesta en las propias redes para comprobar el despilfarro sistemático de un régimen que, por cierto, curiosamente, reinventando la propia noción del delito, descubre la corrupción fuera del gobierno y entre quienes no manejan recursos públicos, negado a explicar el descenso de las propias reservas internacionales.
El presupuesto público nacional está fundado principalmente en las contribuciones que realiza la ciudadanía, sin excepción alguna, pues es el pueblo el que resignadamente cumple con el IVA, sin contraprestación alguna, en el menor de los casos. Los ingresos petroleros están destinados esencial y directamente a sendos fondos de los que muy pocos o nadie sabe en cuanto a inversiones y cumplimientos de metas, y que ni la misma Asamblea Nacional logra controlar, al margen del presupuesto y la deliberación parlamentaria.
Nada autoriza a una distinción entre el Fondo de Cultura y los otros Fondos creados por varias leyes orgánicas. Benjamín Scharifker, por ejemplo, ha demostrado que el correspondiente a Ciencia, Tecnología e Innovación, desestimulada la inversión privada y golpeadas las universidades autónomas, se ha traducido en un descenso de los artículos de producción científica y tecnológica, indicador confiable de las actividades del sector, por lo que hasta ahora se sabe.
El sólo hecho de un financiamiento a través de recursos extraordinarios, sumando diferentes cargas contributivas para la empresa privada, administrado por entidades de las que poco o nada se sabe, acumulada la nefasta experiencia de numerosos fondos discrecionales, alienta la sospecha. Diferente es prever los recursos ordinarios disponibles o los que extraordinariamente puedan despuntar, y presupuestar en el marco de una definida política pública cultural, proyectarlos y someterlos al debate parlamentario, hacer el seguimiento y control, fijar responsabilidades: nunca olvidamos a Jorge Castañeda en “La utopía desarmada”, por aquello del saneamiento de las finanzas públicas como un estupendo aporte a la justicia social.
Por añadidura, evadiendo su responsabilidad punitiva, claramente definida, frente a las incursiones delictivas que tentaran al sector social o mercantil en la materia, como el fraude tributario, el Estado preventivamente apostaría por y perpetraría su liquidación. Vale decir, garantizando el monopolio cultural del Estado que, en propiedad, transversaliza el reciente instrumento legal, supeditaría, absorbería y pulverizaría toda manifestación distinta al poder establecido.
Preferimos optar por la eliminación de la norma que establece el Fondo de Cultura, antes que pretender aliviarla, porque es otro el contexto de las finanzas públicas el que merece. Zodiacalmente, el Fondo está destinado a convertirse en un inútil artefacto, salvo para quienes lo administren, agregando a los potenciales beneficiarios que requieran organizarse y reacomodarse como una clientela específica en el concierto del socialismo rentístico que nos agobia.
http://www.analitica.com/colaboradores/pprof.asp?columnista=Luis%20Barrag%E1n
Felicidad
La parlamentaria aclaró que la normativa no elimina las fundaciones
Gladys Requena: La LOC es un instrumento de transformación revolucionaria fundamental
La diputada explicó que este instrumento es un arma para el desmontaje de paradigmas vinculados con la dominación, la transculturización, el coloniaje y la globalización. Igualmente, demandó a las cultoras y los cultores a que asuman los deberes y los derechos que establece el nuevo marco legal
Por estos días la diputada Gladys Requena celebra por todo lo alto la victoria que ganó junto al pueblo creador: la aprobación en segunda discusión de la Ley Orgánica de Cultura (LOC), un instrumento que ahora es el punto de partida para reivindicar viejas aspiraciones del sector, que si bien ha sumado innumerables avances en tiempos de Revolución, insistía en que se sancionara el marco legal para conseguir otros logros y profundizar la transformación de Venezuela.
Después de todas las críticas, sobre todo de la derecha, pero profundamente satisfecha por haber ayudado con la demanda del pueblo la parlamentaria expresó: “¡Por fin, estoy feliz porque hay Revolución!”.
Con una explosión de risas en los labios y efusiva comenzó la entrevista con el Correo del Orinoco:
“Hemos dado un paso histórico, como lo ha reseñado también el ministro de la Cultura, Fidel Barbarito. Es un paso histórico porque primero, es una deuda que tenía la Asamblea Nacional (AN) con la Constituyente y eso teníamos que rescatarlo autocríticamente: Habían pasado 13 años desde que la ley estaba aquí (en la AN). En el año 2000 los cultores dieron su paso al frente, presentaron proyectos de ley y se inició un debate nacional”, admitió la presidenta de la Comisión permanente de Cultura y Recreación del Parlamento.
Requena cree que una de las razones por las que la LOC tardó en ser aprobada es porque “no es fácil hacer la ley de cultura de un país. No es una decisión sencilla de tomar. Es un instrumento de transformación revolucionaria fundamental”.
Sentenció que la relevancia de este instrumento es tal, que sirve a la refundación de la República porque es un arma para el desmontaje de paradigmas vinculados con la dominación, la transculturización, el coloniaje y la globalización, aspectos que hacen mella en la memoria y sentido de patria de los pueblos.
“Por eso estoy tan feliz de haber dado este paso con el colectivo de las diputadas y los diputados que integramos la comisión de cultura, que dimos como dice el ministro Barbarito, acompañados del pueblo cultor e interesado en estos temas, de ese pueblo que debatió desde el año 2000 esta ley de cultura”, expresó Requena.
Más de 5.000 personas participaron en el proceso de consulta pública de la ley que convocó durante un mes a todas las personas interesadas en aportar al proyecto.
La ley “movilizó a la comunidad cultural venezolana, a los intelectuales, a los voceros de Fedecámaras, de la derecha extrema venezolana, de la burguesía amarilla, para pararse frente a nuestro pueblo”, fustigó.
La diputada Requena censuró que la derecha se opuso a los artículos que le dan protagonismo al Poder Popular y que pidió una normativa “que confronte” la interculturalidad, la democracia, la libertad de creación, la inclusión, la discriminación y la corresponsabilidad del pueblo.
“Se enfrentaron a todos los artículos que ponen al Poder Popular en corresponsabilidad con el poder público a planificar, ejecutar y controlar políticas públicas en materia de cultura”, apuntó.
La parlamentaria demandó a las cultoras y los cultores a que asuman los deberes y los derechos que tienen en la LOC, a enfrentar cualquier “distorsión” del instrumento que se pueda presentar. “No podemos permitir leyes que sean letra muerta. Las creadoras y los creadores deben activarse para que cada artículo de esta ley sea instrumentado por la institucionalidad cultural revolucionaria. Estoy segura de que el ministro Fidel Barbarito o al que nombren honrará el contenido de esta norma”.
EL DEDO EN LA LLAGA
Requena mencionó que otro aspecto que la LOC puso en el ojo del huracán fue la defensa de las y los artistas nacionales y la responsabilidad del Estado para garantizarle sus derechos.
Asimismo, desestimó las denuncias de voceras y voceros de la oposición que señalaron que con este instrumento se busca eliminar supuestamente a las fundaciones dedicadas a la cultura o de tener un plan para quebrar a las empresas, que deberán aportar 1% cuando sus utilidades netas superen las 20.000 unidades tributarias. Los aportes serán para un fondo destinado a dar respuesta a las necesidades de artistas, creadoras y creadores.
“Me siento muy contenta porque los temas que ellos confrontaron (la derecha) son temas de contenido para el debate del proceso de refundación de la República, que nos hace cada día más conscientes de que ahí están los nudos críticos que nos enfrentan: el centralismo. Nos acusan porque esta es una ley centralista y estatista, precisamente porque no asumen que el Estado proteja, promueva y sea el rector de las políticas culturales venezolanas, como lo hace con la salud, la educación”.
Aclaró que la ley no elimina las fundaciones de organizaciones o empresas privadas que se dedican a la promoción cultural.
“En la LOC no hay algún pronunciamiento que hable de la eliminación de fundaciones”, aseveró la legisladora.
Requena dijo que de existir fundaciones que son fachadas tributarias de algunas empresas que generen utilidades netas superiores a las 20.000 unidades tributarias, no deberán realizar ningún aporte y podrán continuar con su labor.
“Reconozco el trabajo que en materia de identidad cultural ha venido haciendo la Fundación Bigott, lo valoramos, tienen años en eso. No tienen que preocuparse por ello, porque no es una empresa con fines de lucro y no le toca (aportar). El Estado no le prohíbe que siga haciendo su tarea, porque lo que hace está en consonancia con la Ley Orgánica de Cultura”, ejemplificó.
Con respecto a los señalamientos de Fedecámaras, de que la ley se convirtió en una “carga fiscal” para la industria nacional, Gladys Requena rechazó que el empresariado y voceros de la “ultraderecha” argumentaron que este aporte de la industria será desfavorable porque afectará el bolsillo de las venezolanas y los venezolanos, porque aumentará el precio de los bienes y servicios. Para la diputada, esto deja ver la verdadera cara de la federación de comercio nacional.
Explicó que el aporte establecido en la ley es una expresión de lo que deben hacer las empresarias y los empresarios en materia de corresponsabilidad.
“Confiesan que cada vez que tengan que hacer un aporte para el deporte, para la cultura, lo proyectarán luego en los precios de los bienes y servicios, son incapaces de verse disminuyendo ganancias, son incapaces de verse como corresponsables del proceso de transformación del país que les genera esas ganancias, lo de ellos es ganar, ganar, ganar”, sentenció.
Las empresarias y los empresarios venezolanos, remarcó Gladys Requena, “estaban acostumbrados a diputadas y diputados complacientes con sus intereses, que sucumbieron a sus intereses. ¡Pues se equivocaron y no se equivoquen más! Porque la bancada revolucionaria de la AN no sucumbirá jamás a los intereses económicos que atenten contra los derechos fundamentales de nuestro pueblo. No les estamos diciendo que no pueden hacer sus empresas, aquí tienen cabida todos pero con corresponsabilidad”.
La diputada también criticó que la ley se consultó durante un largo periodo y los voceros de la oposición, o de diferentes gremios, no se tomaron la molestia de participar.
Igualmente, denunció que periodistas de diferentes empresas dedicadas a la información se abstuvieron de reseñar el proceso que trajinó la ley.
LO QUE VIENE
La parlamentaria de la tolda roja por el estado Vargas reiteró su compromiso de aprobar leyes que se deprender de la LOC y prometió que en el segundo periodo de sesiones de la AN luchará para que se apruebe la reforma de la ley de promoción artesanal de 1993, que debe ser adaptada a la Constitución de 1999.
“Esté o no en la comisión de cultura seré una interlocutora del pueblo legislador, del pueblo cultor en la Asamblea para avanzar en dos leyes” que según la LOC deben ser aprobadas en un año.
La ley de gestión cultural y la ley de la diversidad cultural y patrimonio son los nuevos retos para el sector. La batalla legislativa en cultura continúa.
T/ Várvara Rangel Hill
Fracaso
El fracaso cultural
TULIO HERNÁNDEZ
No es solamente en el terreno económico en donde el proyecto político del PSUV es un fracaso absoluto. También lo es en el campo cultural. Tanto en la acepción más amplia del término cultura, referida al sistema de valores, hábitos y creencias de un colectivo humano, como en el sentido más específico de las políticas públicas de cultura, aquellas que el Gobierno debe desarrollar por mandato constitucional.
Mirado desde su propia prédica, en términos de cultura política y ciudadana el chavismo es culturalmente un fracaso porque no logró promover en la población modos de actuar, valores y principios acordes con la ética humanista, colectivista, socialista y "amorosa" que dice defender. Los venezolanos del presente no son más solidarios, austeros, tolerantes, propensos al trabajo colectivo, atentos por el cuidado de lo público y conscientes del valor de la vida que en la era de la democracia bipartidista.
Todo lo contrario. Si nos guiamos por el índice de homicidios por cada 100.000 habitantes, un número significativo de venezolanos ha perdido totalmente el sagrado sentido de respeto por la vida humana. Y si nos guiamos por lo que vivimos diariamente en las calles de nuestras ciudades, otro número importante viola sistemática e intencionalmente las normas de tránsito y pone en riesgo permanentemente su vida y la de los demás.
Los venezolanos, y de manera más notoria en los sectores de menos recursos, son cada vez más víctimas del individualismo consumista. Basta ver lo que ocurre los días de pago en las grandes tiendas de electrodomésticos cuando ríos humanos compiten por la caza de un equipo de sonido o televisores planos de gran tamaño. Y es explicable, pues el mayor esfuerzo de inclusión realizado por el chavismo no ha sido a través de la generación de empleo, la creación de buenas condiciones de vida en los barrios pobres, o de un mejor sistema educativo. La inclusión fundamental del chavismo ha sido hecha a través del mercado, por vía del dinero en efectivo de la renta petrolera redistribuido directa y paternalistamente a través de las misiones.
Tampoco somos más "amorosos" como pregona con edulcorada retórica el inquilino de Miraflores. Ni más respetuosos de las diferencias. Nunca antes en la era democrática la sociedad había sido escenario de tan sistemático cultivo del odio por razones ideológicas, ni de tan hostil polarización política de la vida cotidiana expresada en las palizas que la bancada oficial suele propiciar a los representantes de la Unidad Democrática en la Asamblea Nacional y en el verbo irrespetuoso, homofóbico y moralmente decadente, que ha encontrado la semana que hoy concluye en el diputado rojo Pedro Carreño su síntesis más refinada.
Pero también en lo que a políticas culturales públicas se refiere el chavismo es un fracaso.
14 años después de la Constitución de 1999, esta semana se aprobó una Ley de Cultura estatista, centralista, inconsistente conceptual y jurídicamente, alejada del espíritu de los artículos sobre derechos culturales y educativos de la Constitución, y absolutamente desfasada con los grandes avances internacionales del pensamiento social sobre los temas culturales.
Es la prueba del desinterés por la cultura como hecho plural y del estancamiento intelectual en el bando oficialista.
Como muestra un botón.
En 2006, el día que inauguró La Villa del Cine, la única infraestructura cultural notable construida en la era roja, Hugo Chávez declaró pomposamente que se iniciaba "el fin de la hegemonía de Hollywood en las salas de cine venezolanas". Siete años de gobierno después, Bernardo Rotundo, presidente del Circuito Gran Cine, hombre políticamente moderado y verdadera autoridad en el área, ha llamado la atención declarando que "una de las peores carteleras de cine de América es la de Venezuela porque está sometida en un 95% a las obras de Hollywood" (El Universal, 12-8-13). Otra promesa incumplida. Otro fracaso cultural que remediar. ¿Será la de Pedro Carreño la cultura que vendrá?
sábado, 17 de agosto de 2013
Una misma tribuna para ideas confrontadas
Una ley que castra
El instrumento legal que normaliza la cultura fue el punto 23 de los 26 en agenda. El oficialismo asegura que el Estado no prohíbe hacer rock lo que busca es salvaguardar lo nacional
SCARLE GARCÍA
Una Asamblea Nacional polarizada y con debates como los ocurridos el pasado martes, solo produce leyes llenas de críticas.
El diputado de la bancada de la oposición Luis Barragán e integrante de la Comisión de Cultura y Recreación de la Asamblea Nacional señaló que, además de la discusión veloz tras las consultas regionales que se establecieron para nutrir la Ley Orgánica de Cultura, el contexto en el que se desarrolló la segunda discusión demostró el triunfo de los antivalores y la descalificación de los adversarios. "Fue un mal debate: de 26 puntos en la agenda parlamentaria, esta normativa fue el 24. Eso es increíble".
La presidenta de la comisión, integrada por once diputados (seis del oficialismo y cinco de la oposición), Gladys Requena, aseguró que sus colegas de la Unidad Democrática no asistieron a las reuniones y mucho menos a las consultas hechas en el interior. Aunque reconoció que Barragán fue el único que estuvo pendiente de todos los procesos para aprobar la ley.
El diputado en cuestión dijo que asistió a al menos tres consultas y que solo vio opinando personas relacionadas con el oficialismo.
Al final, los parlamentarios del Partido Socialista Unido de Venezuela no ofrecieron los números y datos de las consulta para ver la calidad de la muestra, solo un cuadro comparativo. Pese a esto intentaron dar propuestas y no asumieron ninguna. "La idea es consagrar los 14 años de sus practicas culturales", indicó.
Requena, por su parte, asevera que la ley viene a desmontar la idea que tiene la oposición de que "la cultura es una mercancía y no está planteado estatizarla".
"El Estado no prohíbe que las agrupaciones cultiven y promuevan el rock, que forma parte de la cultura norteamericana. Lo que busca es salvaguardar y promover políticas públicas que fortalezcan la identidad nacional, no una identidad extranjera. Estamos en un concierto mundial: reconocemos otras culturas, pero buscamos que a nosotros también se nos reconozca. No puede atentar una cultura contra la otra", explicó la presidenta de la comisión ante los comentarios que enfatizan que no se reconocerán expresiones foráneas.
El mecenazgo privado desaparece de esta normativa que tiene 180 días para ser reglamentada por el Poder Ejecutivo, que precisará conceptos y procedimientos.
"Esa es una figura perversa creada por la empresa privada que busca no ayudar a los creadores, sino reducir sus impuestos para acumular más capital", destacó la diputada del PSUV. Si las compañías producen ganancias superiores a 20 mil unidades tributarias deberán otorgar el 1% al Fondo Nacional para la Cultura.
El problema en esencia radica en que "esos fondos escapan de todo control", señaló Barragán basándose en experiencias anteriores. La oposición reveló que estudian solicitar la nulidad parcial con recursos afinados jurídicamente.
Además, ante la hipótesis de que el presidente Nicolás Maduro no firmará la ley, como lo hizo Hugo Chávez en algunas ocasiones, dice que "sería un arrebato de genial inspiración que el Ejecutivo regrese la ley al Parlamento, y si eso ocurriera, el ministro tendría que renunciar y los defensores de la norma quedarían en ridículo".
SIMÓN BOLÍVAR EN LA LEY
El artículo 5 plantea los principios rectores del instrumento jurídico. Al iniciar la lectura parece muy acertado pero remata con la "consolidación de la unión latinoamericana y caribeña fundamentada en el pensamiento del Libertador Simón Bolívar".
Para el sociólogo y profesor de la maestría de Políticas Culturales de la Universidad Central de Venezuela esto es "un exabrupto porque la cultura es libre y no debe acceder al intervencionismo e ideologización del Estado".
Bancada de la MUD salva su voto
Ciudadano
VICTOR CLARK BOSCAN
SECRETARIO DE LA ASAMBLEA NACIONAL
Su Despacho.-
Quienes suscribimos, Parlamentarios del Bloque de la Unidad Democrática, cordial y respetuosamente nos dirigimos a usted, a fin de hacerle llegar las razones de nuestro VOTO SALVADO a la aprobación de la LEY ORGANICA DE CULTURA, de conformidad con el artículo 96 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, a objeto de dejar constancia escrita y que sea insertado en el Diario de Debates.
Esta ley muestra una notoria involución en relación a los proyectos anteriores luego de la aprobación de la Constitución de 1999. Especialmente en relación al proyecto del año 2002, el mejor sustentado jurídica y conceptualmente, el que mejor interpreta el texto constitucional y el único que fue realizado con participación de sectores no necesariamente afectos al oficialismo. Asimismo, el Proyecto de Ley no recoge una importante serie de experiencias legislativas producidas en el contexto de América Latina (Colombia, Brasil, Costa Rica, por ejemplo) ni las generadas en el seno de la UNESCO relativas a políticas, derechos y cooperación cultural internacional.
El concepto cerrado de la "identidad nacional" que contradice el sentido de diversidad anunciado en las definiciones del primer capítulo y los acuerdos internacionales que Venezuela ha firmado como el "Convenio de Promoción y Protección de la Diversidad de Manifestaciones Culturales" aprobado por la UNESCO en el año 2005. La redacción da a entender que el legislador parte de un concepto estereotipado, no declarado de forma explìcita, pero que rige todo el documento. El término "identidad nacional" como conjunto de rasgos que habría que "conservar", contradice la definición constitucional de que "la cultura en Venezuela es multiétnica, pluricultural, intercultural, dinámica e indisolublemente latinoamericana y caribeña". En democracia, lalibertad de expresión, pensamiento y creación asegura que la diversidad de registros, expresiones y formas de vida puedan tener existencia en el Estado nacional.
Esta ley tiene mucha vaguedad, imprecisión e inconsistencia conceptual y en el caso del sistema cultural, ello se despacha sin definir con precisión de que tipo de organización se hablan quiénes son sus integrantes, cómo opera y cuáles son sus atribuciones básicas.
En este instrumento legal, prácticamente el único actor, el sujeto y objeto de la Ley, es el Estado y el Poder Popular. No hay un reconocimiento explícito a la diversidad de personas, instituciones, asociaciones civiles, creadores, promotores, empresas, cofradías, ateneos, grupos que conforman, producen, gestionan y crean ese mundo diverso que es la vida cultural del país. En consecuencia, el profundo centralismo de esta ley contradiciendo la característica descentralizadora de la República, explica el trato superficial y el desconocimiento de las competencias culturales municipales previstas en el Artículo 178, Ordinal 1 (competencias municipales relacionadas con el patrimonio histórico) y 5 (relacionados con actividades e instalaciones culturales).
La ley también posee grandes omisiones de temas, campos e instrumentos que son fundamentales en la cultura contemporánea y en los modelos más adelantados de gestión cltural pública como industrias culturales e industrias creativas, la cultura digital y sus redes, el Plan Nacional de Cultura elaborado de manera participativa con presencia de todos los actores, que significa además, una manera de eliminar la improvisación y la arbitrariedad en la toma de decisiones y de dotar a los ciudadanos de criterios para evaluar las gestiones de gobierno.
También se desconoce el papel del sector privado, por su notorio, evidente y público rol de productor de arte y cultura, como en el de mecenazgo y auspicio en términos de responsabilidad social y sólo se incorpora como contribuyente obligado al Fondo Nacional de Cultura. Creemos, como representantes del pueblo, este Fondo, además de inconstitucional, constituye un abuso de poder y estrategia para acabar con el auspicio privado.
Esta ley reduce drásticamente la posibilidad para los actores culturales de obtener financiamiento privado, porque al establecer ese impuesto, elimina de hecho el financiamiento directo que se venía haciendo a la actividad cultural.
Creemos que la falla más grave es que esta Ley no recoge el espíritu fundamental de los tres artículos de la Constitución del Capítulo VI "De los Derechos Educativos y Culturales", el 98 que declara la libertad de la creación cultural, el 99 que declara a la cultura como bien irrenunciable (social y jurídico) del pueblo venezolano y el artículo 100, sobre la igualdad de las culturas.
La Libertad de Cultura debe ser el primer gran principio constitucional. Todas las leyes de cultura de los países democráticos, y èste es el punto central de todo el debate, parten del principio de que el papel del Estado será el mediador y facilitador del acceso a los ciudadanos a la cultura y la creación; se hace neceario, por lo tanto, un paralelo reforzamiento de la garantía de la libertad. Se debió garantizar que la intervención del Estado no va a penetrar la esencia misma de la cultura, sus contenidos, orientaciones ideológicas, éticas y estéticas
Diputados adscritos a la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) / Asamblea Nacional
http://www.opinionynoticias.com/noticiaspolitica/16317-votos-salvados-en-aprobacion-de-ley-organica-de-cultura
Censura
Dip. Barragán denuncia censura en aprobación de la Ley de la CulturaEl diputado Luis Barragán (MUD), integrante de la Comisión Permanente de Cultura, rechazó este miércoles la decisión de la bancada oficialista de aprobar en la sesión de ayer la Ley Orgánica de la Cultura.
Así lo dijo: “Aprobada por mayoría simple una Ley Orgánica que garantiza el monopolio estatal de la cultura, no halló mejor contexto que la bochornosa sesión de ayer”.Observó el parlamentario que la segunda discusión constituyó no sólo el punto nro. 24 de 26 que el oficialismo impuso en el Orden del Día, sino que se enmarcó en la denuncia hecha contra el partido Primero Justicia.
“Luego de la infaltable retahíla de solicitudes de créditos adicionales y nombramientos, incluyendo la urgencia demandada sobre la presidencia del Banco Central de Venezuela, se produjo la incalificable denuncia contra Primero Justicia que reflejó la cínica concepción y los descarados propósitos que tiene la bancada gubernamental sobre las personas, el mundo y las cosas. Bancada que ejerció todo el peso de la manipulación, el insulto, la ofensa, preparando el camino de la inhabilitación de un partido opositor, a la vez que ilustrándonos en torno a la importancia que le conceden a la cultura, y los antivalores y la conducta que realmente el PSUV representa”.
Igualmente denunció y dejó constancia de su protesta en torno al artículo 22 de la ahora aprobada Ley Orgánica de Cultura.
“Contrariando la vigente Constitución de la República, el artículo 22 establece la censura cultural. A pesar de nuestra evidente solicitud de la palabra para referirnos a la materia, la dirección del debate la obvió y se apresuró a aprobarlo convirtiéndome en la primera víctima de la propia censura cultural, por lo que dejamos constancia expresa de nuestra propuesta”.
Finalmente, el diputado Barragán consideró: “Fuimos consecuentes con los alegatos esgrimidos dentro y fuera de la Comisión de Cultura, y no lograron descalificarnos política e ideológicamente. Lo más importante es seguir y profundizar la la lucha a favor de las libertades culturales, reivindicándolos más caros principios y derechos constitucionales”.
http://www.opinionynoticias.com/noticiaspolitica/16304-ley-organica-de-cultura-yo-diputado-censurado
http://www.noticierodigital.com/2013/08/dip-barragan-denuncia-censura-en-aprobacion-de-la-ley-de-la-cultura/
Mayoría simple más exclusivo palco
14 ago (PL) El Parlamento venezolano sancionó en sesión ordinaria la Ley Orgánica de Cultura y el texto definitivo de la normativa que Regula la Compra y Venta de Vehículos Automotores Nuevos y Usados Nacionales o Importados.
De acuerdo con la web de la Asamblea Nacional, los diputados dieron luz verde a una nueva legislación que buscará desarrollar los principios rectores, deberes, garantías y derechos culturales establecidos en la Constitución de 1999 y los tratados internacionales suscritos y ratificados por Venezuela.
En particular, la ley -constituida por 33 artículos- se propone fomentar y garantizar el ejercicio creativo y la preeminencia de los valores de la cultura como derecho humano fundamental, sobre la base del reconocimiento de la identidad nacional y el respeto a la diversidad.
Del mismo modo, el Legislativo dio curso a un nuevo estatuto legal tras la lectura de la formulación definitiva del Proyecto de Ley que Regula la Compra y Venta de Vehículos Automotores Nuevos y Usados Nacionales o Importados, diseñada para poner coto a la especulación y la usura en este sector.
Los parlamentarios venezolanos también aprobaron este martes más de una decena de acuerdos de alcance internacional -en su mayoría bilaterales-; entre los que se cuentan un convenio marco en el área social y otros dos documentos para la cooperación en materia de vivienda y becas de estudio concertados con Argentina.
Fueron también sancionadas leyes aprobatorias para acuerdos con la República Popular Democrática de Corea (documento marco), Irán (sector eléctrico), Brasil (seguridad y soberanía alimentaria), Perú (restitución de bienes culturales) y Ecuador (cooperación técnica en Salud).
Los legisladores dieron el visto bueno al Proyecto de Ley Aprobatoria del Convenio Internacional de las Maderas Tropicales (2006), un tratado cuyo objetivo es promover la expansión y diversificación del comercio internacional de estos recursos de manera legal, razonable y sostenible.
En esta sesión, se aprobó en todas sus partes el Acuerdo Internacional del Café, suscrito en Londres en el año 2007.
La Cámara Plena del Legislativo autorizó también el nombramiento del ciudadano Raúl Licausi como embajador de Venezuela ante la Asociación de Estados del Caribe (AEC), la Organización de Estados del Caribe Oriental (OECO) y ante la Comunidad del Caribe (Caricom).
Adicionalmente, se consintió este martesla erogación créditos adicionales millonarios a favor de la propia Asamblea Nacional, del Ministerio Público (MP) y las carteras de Finanzas, Salud, Transporte Terrestre y Relaciones Interiores, Justicia y Paz (MRIJP), entre otras instancias
De tal modo, el Ministerio de Finanzas transferirá 288 millones de bolívares (45,7 millones de dólares) a la Universidad Central de Venezuela para dotar los laboratorios de la Facultad de Ciencias y la culminación de la construcción del edificio de la Escuela de Matemáticas en esa institución.
Cuatro mil millones de bolívares (635 millones de dólares) serán destinados a gastos del MRIJOP correspondientes a los meses de agosto, septiembre y octubre del presente ejercicio fiscal, en los cuales se incluyen el incremento salarial estipulado en el país, la homologación de sueldos y otras prestaciones.
En tanto, casi mil millones 600 mil bolívares (159 millones de dólares) servirán para los pagos directos de personal activo, jubilado y pensionado; así como las incidencias gastos de funcionamiento del MP.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=1763351&Itemid=1
Desfundaciones
Ley de Cultura acabará con fundaciones
Nueva normativa fue aprobada anoche por mayoría oficialista en la Asamblea Nacional.
Antonio López Ortega criticó las medidas de la ley (G.Pulido)
La discusión en torno a la Ley Orgánica de la Cultura, aprobada anoche en la Asamblea Nacional por la mayoría oficialista, continúa.
Ayer, un grupo de diputados de la bancada opositora volvió a elevar su voz de protesta en contra del proyecto al que han catalogado como "inconsistente, centralista e inconstitucional". Pero esta vez abordan con suma preocupación, la contribución fiscal de 1% que deberá aportar toda persona natural o jurídica dedicada a la actividad cultural al Fondo Nacional de la Cultura.
Así lo expresó, durante un encuentro en el Centro Cultural Chacao, el exdiputado ante la Asamblea Nacional y abogado experto en materia fiscal, Leonardo Palacios, quien advierte acerca de las consecuencias inmediatas que tendrá la aprobación del instrumento legal sobre las instituciones culturales.
"Este tributo, que no constituye un incentivo para las empresas en materia cultural, solo afectará la rentabilidad del sector en lugar de favorecer y estimular su actividad. Además de las 24 contribuciones fiscales existentes que ya deben asumir las empresas, se suma ésta, de la cual no se estipula en la ley cómo será distribuida y a quiénes será asignada, lo cual restringe el manejo del financiamiento a un solo sector: el oficialista".
De igual forma, Palacios sentenció que el impuesto elimina las competencias municipales y locales, además de violar la Constitución.
"Establecer esta contribución de 1% a las empresas que obtengan más de 20 mil unidades tributarias sobre sus utilidad neta, atenta contra la competencia municipal al establecer una contribución que no es más que un impuesto oculto e inconsulto sin retribución. Y lo establece el Artículo 316 de la Carta Magna, que enuncia que el sistema tributario no puede ser confiscatorio", dice el experto tras explicar que el tributo se reflejará en el precio final de los bienes y servicios.
Para el sociólogo y experto en cultura y comunicación, Tulio Hernández, resulta "inaceptable" que el Estado, a través del Fondo Nacional de la Cultura, sea la única institución que maneje -sin explicarlo siquiera en la ley- el financiamiento para el sector cultural". A su juicio, el gobierno "insiste en privilegiar las culturas populares tradicionales como única base de la nacionalidad, y bajo la figura del 'ente rector' el Estado aparece como el único actor cultural, dejando de lado a los artistas, los creadores y la sociedad civil".
Excluyente e inconstitucional
De nuevo, salió a relucir en la discusión que se trata de un proyecto que excluye la participación de personas y entes ajenos al oficialismo. Además de ser una ley que viola los principios de libertad creadora contemplados en la Constitución.
"Estamos frente a un dispositivo sectarista que no incorpora la participación de personas que no sean militantes del oficialismo. Además, viola los artículos 98, 99 y 100 de la Carta Magna, sobre la libertad de la creación cultural, y en los que queda estipulado que ésta es libre. Por lo tanto, el Estado no debe intervenir e imponer contenidos y tendencias ideológicas", dice Hernández.
El diputado Luis Barragán, miembro de la comisión permanente de Cultura y Recreación de la Asamblea Nacional, se refirió al proyecto como "el monopolio cultural del Estado".
En este sentido, rechazó que la ley no haya sido discutida con todos los sectores del país y advirtió acerca de "la peligrosidad del artículo 22" sobre la censura cultural. "Una ley calificada de 'orgánica' obliga al oficialismo a someter a votación este dispositivo legal, que amerita ser discutido con todos los sectores del país y no restringir el debate solo al Psuv y al Polo Patriótico".
En relación con la censura cultural, sentenció que este artículo promueve la producción de contenidos y programación fundamentados en los principios de la cultura venezolana "orientados a profundizar la cultura de paz, urbanista, de respeto, solidaridad, soberanía, libertaria, democrática (... ) de conformidad con lo establecido en la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos, lo cual es inadmisible pues no permitiremos que el Ministerio de la Cultura ejerza la censura y mucho menos nos remita a una ley de rango inferior cuando existe la Constitución".
La diputada a la Asamblea Nacional, María Corina Machado, expresó que el instrumento legal forma parte del "proyecto de dominación y sumisión" que lleva a cabo el gobierno nacional. Comentó: " Así como le ha tocado a las universidades, al sector sindical, a los medios de comunicación y al sector productivo, ahora le toca a la cultura con una ley que solo es un instrumento revelador de un modelo que quiere concentrar en el Estado toda la fuerza y el control, sometiendo en este caso al artista y a quienes lo apoyan y estimulan".
Para el concejal del distrito metropolitano, Freddy Guevara -quien antes de ser político fue músico-, "El ente rector, además de controlar todo lo que tiene que ver con el financiamiento de la cultura, pretende dictar lo que se crea".
A su juicio, ninguna manifestación artística puede ser concebida si el creador o divulgador no está liberado de cualquier tipo de amarre "que no sean los que les dicta su conciencia". De modo que el miembro de Voluntad Popular, reitera su llamado a acompañar al sector de la cultura en la lucha activa y pacífica "para que esta ley no aniquile nuestra esencia que es la diversidad, esa mezcla de sangre europea, negra, indígena y colombiana que es lo que nos hace ricos y más temprano que tarde cuando venzamos este sistema opresor seremos reconocidos como una potencia cultural".
La historiadora Inés Quintero, confía en que "ni la ley ni la fuerza del Estado, van a doblegar ese ADN republicano y libertario que nos caracteriza".
El sector empresarial también se verá afectado por el Proyecto de Ley de Cultura. No sólo por la exclusión de las industrias privadas sino por la imposición que tienen de pagar el 1% de sus ganancias anuales para un fondo que administrará el Estado.
El gestor cultural indicó que la medida contradice los artículos de la Constitución sobre derechos culturales. "Hay un desconocimiento completo a la Constitución, que dice claramente que el Estado deberá velar y asegura los presupuestos de las políticas culturales (...) Decir que el financiamiento es potestad exclusiva del sector privado es contradictorio", explicó el escritor venezolano, que recordó que la Carta Magna indica que la ley establecerá incentivos y estímulos a personas e instituciones que promuevan, apoyen, desarrollen o financien planes o actividades culturales.
Hay empresas del sector que todavía desconocen si deberán pagar el impuesto. El Trasnocho, por ejemplo. al estar registrado como una fundación, es una de ellas. "Eso afectaría el presupuesto. Para nosotros es muy duro mantener la operación. Ya la Ley del trabajo nos obligó a reducir nuestras funciones. Eso influye en los ingresos", dijo Solveig Hoogesteijn, directora general del espacio ubicado en Las Mercedes. Así, la nueva ley perjudica a un sector de la cultura.
Fotografías: Miguel Angel Rodríguez y Gladys Requena, miembros de la Comisión de Cultura.
Polvareda
ÚLTIMAS NOTICIAS, Caracas, 10 de agosto de 2013Ley de Cultura sigue levantando polvo
El impuesto a la empresa privada enciende las alarmas del sector
Ley de Cultura sigue levantando polvo
Se espera que la norma sea aprobada el próximo martes (Créditos: Ángel Obertein)
Yanmaris Zambrano E.- El proyecto de Ley Orgánica de Cultura tiene seguidores y detractores. Mientras que su discusión avanza a toda máquina en el seno de la Asamblea Nacional, diversos sectores se han manifestado en contra de esta legislación.
Leonardo Palacios, abogado y ex diputado, considera que el texto es inconstitucional, pues dice que el contenido del proyecto sometido a consulta es distinto al que se discutió en la plenaria: "Contiene modificaciones mayores de sus disposiciones. Por ejemplo, se suprimen 6 capítulos completos y se eliminan ámbitos de participación del sector cultural".
El departamento legal de una empresa de consumo masivo envió a los medios de comunicación un extenso análisis sobre las implicaciones que este gravamen trae a la industria: "Todas las empresas, incluidas las pequeñas empresas estarían afectadas por este nuevo impuesto". El texto continúa: "Es un instrumento de recaudación de ingresos que facilita la corrupción".
Ya han sido aprobados 14 de los 33 artículos y para el próximo martes está pautada culminar la discusión.
Fotografías: Diputados Freddy Paz y Victoria Mata, miembros de la Comisión de Cultura.
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Advertencia
Parlamento
Advierten que nueva Ley de Cultura eliminará aporte privado al sector
Con la nueva ley, las personas no podrá pedir financiamiento privado para impulsar proyectos culturales
Advierten que nueva Ley de Cultura eliminará aporte privado al sector
El evento se realizó en el Teatro Chacao (Créditos: Web)
07:36 a.m. | Emen .- La nueva Ley de Cultura, que avanza en la Asamblea Nacional, contempla la eliminación del patrocinio privado para el sector, al cambiar el modelo financiamiento en los proyectos culturales.
Así lo advirtieron representantes del mundo cultural, científico, económico y académico, reunidos en un evento realizado este viernes en el Centro Cultural Chacao.
El evento se centró en la discusión el proyecto difundido esta semana en la Asamblea Nacional que elimina la posibilidad para los representantes del sector cultural de obtener financiamiento privado.
El mecanismo legal, impulsado por diputados del oficialismo, establece un impuesto en materia cultural, eliminando el financiamiento directo que se venía haciendo a las actividades vinculadas al quehacer intelectual y creativo.
El abogado José Ignacio Hernández aseveró que el proyecto de ley es completamente distinto a lo discutido en la consulta pública patrocinada por las comisiones de la Asamblea Nacional.
Hernández apuntó que el nuevo “impuesto cultural” tiene un impacto contrario hacia la población.
“A mayor tributo, mayores costos, y mayores precios. En una economía inflacionaria, estos impuestos generarán mayores costos e inflación . No favorece a la cultura porque las empresas, no sólo reducirán el monto de inversión en el sector, sino que en segundo lugar, se fijará una contribución que encarecerá los servicios culturales, será más caro el cine, las entradas a los conciertos, al teatro”, advirtió el experto.
De acuerdo al proyecto, las personas no podrán presentar un proyecto y negociar directamente con empresas privadas para la obtención de financiamiento. Estos recursos tendrán que ser entregados por las empresas al ministerio, para que éste decida a qué proyecto y persona asignarlos
Leer más en: http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/parlamento/advierten-que-nueva-ley-de-cultura-eliminara-aport.aspx#ixzz2ba0gFbB5
Fotografías: Diputados Carlos Michelangelli y Miaigualida Santana, miembros de la Comisión de Cultura.
¿Dijo Aporrea?
La discusión de la ley de cultura quedó para el martes
En la sesión del miércoles se incorporaron consideraciones sobre la gastronomía y el desarrollo de la gestión de los museos
M. R. R. 9 de agosto 2013 - 12:01 am
Ayer no se discutió el proyecto de ley orgánica de cultura en la Asamblea Nacional como estaba programado, pues Gladys Requena, presidenta de la Comisión Permanente de Cultura y Recreación, pidió que se pospusiera el debate hasta el martes.
“Era mucho con las otras tres leyes que se están discutiendo en este momento en la Asamblea y preferimos dejar para la semana que viene los 18 artículos que quedaron pendientes”, explicó la diputada.
El miércoles la Comisión de Cultura celebró una sesión de tres horas y media para discutir la redacción y asuntos más de fondo de los artículos, por ejemplo, si se introduciría en las disposiciones generales la definición de cultura popular. “Entre los temas que agregamos están la gastronomía y el del desarrollo museístico del país”, señaló Requena: “El planteamiento del diputado de oposición Luis Barragán sobre las industrias digitales no fue aprobado”.
Desde la oposición critican la celeridad con la cual pretende aprobarse la ley y Luis Palencia la tachó de contrarrevolucionaria en el sitio web Aporrea.com: “Expresa una visión estatista que (...) va contra el espíritu de la propia Constitución”.
Fotografía: Diputado Jesús Graterol, miembro de la Comisión de Cultura.
Observaciones de ley
Se espera que la ley orgánica de cultura se sancione hoy
JOSÉ LUIS ÁVILA MICHELLE ROCHE RODRÍGUEZ 8 de agosto 2013
La premura marca la discusión del proyecto de ley orgánica de cultura en la Asamblea Nacional. El martes se aprobaron 14 artículos de los 33 que tiene el instrumento y hoy se espera que se sancione el resto.
Desde 2005 la discusión del proyecto de ley permanecía estancada, pero en los últimos 2 meses la Comisión Permanente de Cultura y Recreación del Parlamento aceleró el proceso. Entre junio y julio el marco legal –que incluye 44 artículos, 1 disposición transitoria, 5 disposiciones finales y 1 derogatoria– se sometió a consultas públicas en todo el país y a mesas de trabajo –una de ellas con el Ministerio de Cultura– y finalmente se eliminaron 7 artículos, por lo cual son 33 los que se debaten en la Asamblea.
El mismo martes, mientras se discutía en el órgano legislativo, miembros del Polo Patriótico todavía hacían recomendaciones sobre la redacción de algunos artículos. Ayer, en el seno de la Comisión de Cultura y Recreación, aún se debatía si se introducía o no en las disposiciones generales la definición de “cultura popular”.
El informe de asistencia de los miembros de la Comisión de Cultura a las consultas públicas leído ayer evidenció que el peor récord lo tienen los diputados de la oposición, a excepción de Luis Barragán.
Ley bajo la lupa. El diputado Barragán, su colega María Corina Machado, el sociólogo Tulio Hernández y el galerista Nicomedes Febres se reunieron en el Ateneo de Caracas ayer para manifestar sus críticas e inquietudes sobre la ley.
Febres teme que la aprobación del instrumento limite las posibilidades de desarrollo individual de los artistas. Por último, Hernández señaló que lo más preocupante de la ley es que no legisla: “Es un texto ambiguo, para permitirle a los gobiernos de turno su implementación arbitraria”.
Fondo sin fondo
En los artículos 30 y 31, la ley estipula la creación de un fondo nacional para la cultura, constituido por donaciones realizadas desde los ámbitos público y privado. El Informe para Segunda Discusión distribuido el martes en la plenaria de la Asamblea incorporó esos puntos, que no se sometieron a consulta popular sino que se discutieron con miembros del Ministerio de Cultura. Según el texto, las personas naturales y jurídicas privadas cuya utilidad neta anual supere las 20.000 unidades tributarias –cerca de 2,14 millones de bolívares– estarán obligadas a aportar 1% de sus ganancias al fondo. “A esto nos referimos con la corresponsabilidad en cultura”, aclara Gladys Requena, presidenta de la Comisión Permanente de Cultura y Recreación. Además, las organizaciones culturales deberán aportar por las actividades que generen lucro 1% de sus ganancias.
Fotografías: Diputados Cristóbal Jiménez y Sergio Fuenmayor, miembros de la Comisión de Cultura.
Pesca
VENEZUELA: Ley Cultura plantea contribución de privados
Ya se evaluaron 15 artículos; faltan 18. La segunda discusión del proyecto de Ley Orgánica de Cultura se realizó la tarde del martes en el hemiciclo de la Asamblea Nacional (AN). Aunque habían convocado sesión para hoy, fue suspendida y la próxima discusión será el martes 13.
Entre los artículos restantes, se encuentra el 31. En él, se hace referencia a las fuentes de financiamiento del Fondo Nacional para la Cultura.
Según cita, "las personas naturales y jurídicas de carácter privado cuya utilidad neta o ganancia contable anual supere las 20.000 unidades tributarias aportará el 1% de sus ganancias netas al Fondo".
Por su parte, los que tengan como objeto la realización de actividades artísticas y culturales con fines de lucro, deberán aportar el 1% sobre la utilidad neta o ganancia contable de cada evento o actividad (y no constituirá un desgravamen al Impuesto Sobre la Renta).
Ante esto, el sociólogo experto en cultura y comunicación, Tulio Hernández se pregunta: "¿Cuántos fondos no hay que no están sujetos a control alguno? ¿Para qué uno más? ¿Quién va a rendir cuentas?", dijo ayer en rueda de prensa junto a otros representantes de la oposición.
El texto en discusión, explicó, tiene muchos vacíos. "No habla de empresas o industrias culturales, ni de auspicios privados, ni de cultura digital, ni de un plan nacional de cultura como instrumento para alcanzar metas".
El diputado Luis Barragán, suplente permanente de Richard Mardo en la Comisión de Cultura, cuestiona la premura con la que se pretende aprobar. "Pedimos la discusión de los artículos. No se trata de pescar errores ortográficos, se trata de un problema de fondo".
Pero eso no pasará. "La comisión tiene una agenda. Y está cumpliéndose con la ruta. El martes continuaremos con la discusión para aprobar la ley", sentenció Gladys Requena, Presidenta de la Comisión.
Fotografía: Diputada María Corina Machado, miembro de la Comisión de Cultura.
Cristalización y arremetida
AN aprobó 15 artículos de Ley Orgánica de Cultura
Artículo | Agosto 7, 2013 - 12:40am
Hasta la aprobación del artículo 15 llegó la segunda discusión de la Ley Orgánica de Cultura, en la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional (AN) de ayer(martes).
La ley está conformada por seis capítulos, 32 artículos, una disposición final, una transitoria y una derogatoria, todo lo cual nació al calor de la consulta pública, que tuvo lugar desde el 22 de mayo hasta el 22 de julio 2013.
El artículo 10 fue diferido para una nueva evaluación en la Comisión Permanente de Cultura y Recreación, con base en recomendaciones del parlamentario Arcadio Montiel (Representación Indígena-Oposición), que fueron aceptadas por la titular de dicha instancia, diputada Gladys Requena (Vargas-PSUV).
El legislador también hizo aportes, que cristalizaron, en los artículos 1 y 3. Recomendó cambiar el término multiétnico por el de pueblos indígenas en el texto de este último.
Mientras, el diputado Luis Barragán (Aragua-Primero Justicia), que sustituye a Richard Mardo, en cada una de sus intervenciones expuso peros al instrumento a partir del artículo 1, del cual afirmó que presentaba la Ley de Cultura como si fuera del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
Salió al paso el parlamentario Earle Herrera (Anzoátegui-PSUV) ironizando que su antecesor confundió la “c de Constitución” con la “c de cambio” (la Carta Magna consagra los derechos culturales del artículo 98 al 101).
También en respuesta, el asambleísta Jesús Graterol (Barinas-PSUV) reclamó a Barragán que no hizo observaciones en la consulta y ahora la actitud es otra. Volvió a arremeter Barragán alegando que el informe final se avaló sin los votos de la oposición.
Entre los asistentes estaba el viceministro de la Identidad y Diversidad Cultural, Omar Vielma; la Parranda de San Pedro, que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) estudia para declararla Patrimonio Inmaterial de la Humanidad; los Diablos Danzantes de Corpus Christi, hoy Patrimonio Inmaterial de la Humanidad tras la declaratoria de la Unesco en 2012; los tambores de San Juan y un grupo coral de Carayaca.
Fotografía: Diputado Richard Mardo, miembro de la Comisión de Cultura.
http://www.radiomundial.com.ve/article/aprob%C3%B3-15-art%C3%ADculos-de-ley-org%C3%A1nica-de-cultura
Libre ejercicio y privatización
Medios de comunicación deberán promover y defender la culturaLa Asamblea Nacional aprobó, en segunda discusión, hasta el artículo 15 del proyecto de Ley Orgánica de Cultura.
El artículo 5 establece que los medios de comunicación públicos, privados y alternativos y demás formas de organización social “están en el deber de defender, fortalecer y promover el conocimiento, la divulgación y la comprensión de la cultura venezolana”.
Mientras que el artículo 2, relativo al ámbito de aplicación de la ley, señala que las disposiciones de la ley son de orden público y serán aplicables a la administración pública nacional, estadal y municipal, organizaciones del poder popular y todas las personas naturales o jurídicas de derecho público o privado que se dediquen a cualquier actividad relacionada con la cultura.
Además en el artículo 6 se estipula que toda persona “tiene el derecho irrenunciable al pleno desarrollo de sus capacidades intelectuales y creadoras, a la divulgación de la obra creativa, así como acceso universal a la información, bienes y servicios culturales; las personas privadas de libertad, con discapacidad general, adultas y adultos mayores, gozarán de atención especial”.
El artículo 10 relativo a cultura y educación fue diferido para revisarlo con detenimiento, y discutirlo en la próxima plenaria.
También el artículo 13 contó con el visto bueno de la mayoría de los parlamentarios. Allí se establece que el Estado reconocerá y garantizará el derecho sobre la propiedad intelectual de los autores sobre sus obras creativas.
Al comenzar el debate de la norma, la presidenta de la Comisión de Cultura, Gladys Requena, aseguró que este proyecto es el que quizas más discusiones ha tenido.
Luis Barragán esta ley se expresión de libertades y pidió agregar, en el artículo 1, la expresión “ejercicio libre”. Propuesta que fue negada.
Por su parte, el diputado Jesús Graterol (Psuv) destacó que no permitirán que se privatice la cultura, eso ante los planteamientos realizados por Barragán en el sentido de que “no se trata de una ley orgánica de cultura sino del Psuv”.
Durante la discusión del instrumento legal, estuvieron presentes integrantes de los tambores de San Juan, de los Diablos de Yare, así como representantes de los sectores de la artesanía, danza y otras expresiones culturales.
Se espera que los artículos restantes (18) más las disposiciones transitorias, derogatoria y final sean aprobadas.
Fotografía: En el centro, Lic. Jesús Contreras, Secretario de la Comisión Permanente de Cultura y Recreación de la Asamblea Nacional.
http://noticiaaldia.com/2013/08/medios-de-comunicacion-deberan-promover-y-defender-la-cultura
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