Ley de cultura
ANTONIO LÓPEZ ORTEGA
El primer gesto de legislación cultural en Venezuela se produjo en 1963, con la creación del Inciba. Medio siglo ha transcurrido para que hoy se esté discutiendo un proyecto de Ley Orgánica de Cultura. En el medio han quedado la Ley del Conac de 1975, que en su momento fue novedosa y participativa; las leyes sectoriales de Cine, del Libro y de Artesanía; y los cuatro artículos que sobre derechos culturales se recogieron en la Constitución de 1999, que sirven de plataforma para el proyecto que se quiere sancionar a trompicones.
No es la primera vez que en estos catorce años de limbo legislativo se acciona el proyecto de ley: en el pasado hubo un proyecto llamado de Milagros Santana, otro de Manuel Espinoza (sin duda el mejor), otro de Farruco Sesto y ahora el que empuja la Comisión de Cultura de la Asamblea.
Lo primero que llama la atención del texto en discusión es la preeminencia del Estado (un Estado que rige, sanciona, vela, sistematiza). La sociedad como un todo, y menos la sociedad creadora, brilla por su ausencia. Los creadores, los artistas, las agrupaciones culturales, apenas se mencionan, y en su lugar se quieren sustituir por "trabajadores culturales". Tampoco los públicos, las audiencias, o quienes finalmente disfrutan o se benefician del hecho cultural, parecieran tener lugar en la ley: son convidados de piedra. En el mundo integrado y avanzado de hoy, es difícil urdir cualquier iniciativa desde cero, ignorando experiencias cercanas o semejantes. Un mínimo de legislación comparada con los proyectos que se han sancionado en América Latina en las últimas décadas se hace imperativo. ¿O no vamos a aprender de los aciertos o errores de los demás? La década de los años noventa fue llamada por la Unesco "Década del Desarrollo Cultural", y desde entonces se hace muy difícil pensar en estrategias o políticas culturales sin revisar esas fuentes documentales. Un ejemplo: la Unesco determina que la prioridad de toda política cultural es garantizar o fomentar los espacios de creación. ¿En qué artículo de nuestro proyecto se refleja esa noción? Pues en ninguno. Se nos olvida admitir que todo discurso cultural parte del hecho creador, y no del Estado que rige.
Suponemos que un concepto amplio como el de economía de la cultura (consumidor cultural) espantará a los legisladores. Suponemos también que cuando el país asume la presidencia pro tempore de Mercosur, nadie querrá saber lo que han hecho Brasil o Argentina con sus industrias culturales. Suponemos, por último, que lo que se ha llamado mecenazgo cultural, una ventana que se abrió en la Constitución de 1999, se suprimirá con barrotes y candados. Preferimos que nuestro texto vaya a contracorriente: identidad pesa más que diversidad, exigencias pesan más que libertades, rectorías pesan más que participación. Hablar de "las bases constitutivas de la nacionalidad" lleva un tufillo de impermeabilidad, de ostracismo, que siempre es condenable: leer a Quevedo o recitar una malagueña oriental da cuenta de un espectro de intereses que nos enriquecen más por su variedad que por su pureza.
¿Qué hacer cuando el proyecto recorre el camino de las consultas populares y quiere sancionarse antes de que los legisladores se sumerjan en la vorágine electoral? Si hemos esperado cincuenta años por una ley que esté a la altura de los grandes conceptos culturales, ¿por qué apurar el paso y estrellarnos con un proyecto que es claramente anacrónico y vetusto? Hay que exigirle a la plenaria de la Asamblea que se reúne en agosto que no apruebe nada, que extienda el período de consultas, que consulte la literatura de la Unesco. Esta tregua sería preferible a los apresuramientos, esta pausa reflexiva por un proyecto mejor nos llevaría por una senda distinta a la del arrepentimiento.
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