sábado, 10 de agosto de 2013

Oposición fija postura inequívoca

EL UNIVERSAL, Caracas, 8 de agosto de 2013
Oposición rechaza la Ley de Cultura
El proyecto ya está en discusión en la Asamblea Nacional
 María Corina Machado (izquierda), Tulio Hernández (centro) y Luis Barragán criticaron la propuesta

La Ley Orgánica de Cultura todavía es motivo de discordia. Mientras en la Asamblea Nacional el proyecto se somete a discusión en sesión ordinaria (hasta la noche del martes se habían aprobado 14 artículos), representantes de la oposición denunciaron ayer en una conferencia de prensa ciertas imprecisiones del documento.
El diputado Luis Barragán (Primero Justicia) criticó la forma y el fondo del proyecto: el predominio del sector oficialista en las consultas públicas realizadas en varias regiones, la premura con que se quiere aprobar la propuesta definitiva, la falta de definiciones importantes en material cultural. "La cultura no se puede regular así. Sólo en los regímenes totalitarios es que se pretende programar la creación artística. Con esta ley, el Estado es el que promueve, el que ve por el resto de los venezolanos (...) La bancada de la oposición se niega a aprobar un proyecto de ley que nos lleva al suicidio", dijo el parlamentario, que sustituye a Richard Mardo.
El documento final que está en discusión es una sexta versión de la que se presentó por primera vez en el año 2002. Entonces Manuel Espinoza era el presidente del antiguo Consejo Nacional de la Cultura. "El actual proyecto es una involución ética, jurídica y cultural en relación con el primero. Cada proyecto que se hizo es más deficiente que el anterior. Esto pone en evidencia que en estos 12 años no ha existido una política de Estado en el campo cultural sino que las estrategias culturales han dependido de los intereses de quienes han tenido el cargo de ministro", dijo Tulio Hernández, profesor de la maestría en Política y Gestión Cultural de la Universidad Central de Venezuela.
El sociólogo cuestionó algunas aspectos de la ley (citas textuales de Hernández):
-La inconsistencia conceptual. Esta es una ley que no soporta un análisis, que se contradice, que no parte de un marco de definiciones precisas.

-El segundo problema es que es una ley eminentemente estatista. No aparece ningún otro actor que no sea el Estado. Solamente una vez se menciona al sector privado. Nunca se habla de sociedad civil.
-La ley tiene omisiones fundamentales: no se habla de industrias culturales, que en todos los países del mundo son las que generan productos que circulan con mayor intensidad. Cultura no es sólo lo popular o artesanal. No se habla nunca de la cultura digital, que es uno de los espacios que mayor peso tiene hoy. No se habla del plan nacional de cultura como el instrumento que permite fijar las metas y estrategias. Tampoco se habla del mecenazgo o auspicio privado a la cultura.
-El otro problema es que tiene grandes contradicciones (...) Al decir que las culturas populares son los únicos constitutivos de la venezolanidad, además de ser una gran mentira, es una manipulación. Tan sustento de la nacionalidad son las pinturas de Tovar y Tovar y Michelena, o el arte de Soto, o los valses académicos de Sojo, o el repertorio de Cabrujas, como las culturas indígenas.
-La otra gran carencia de esta ley es que enuncia cosas y no las desarrolla. Por ejemplo, el Sistema Nacional de Cultura, que en casi todas las leyes latinoamericanas es uno de los puntos más importantes, aquí se le enuncia y no se define ni miembros ni funciones.
-Otro problema inaceptable es que es una ley absolutamente centralista. No se reconoce lo que la Constitución establece en relación a competencias culturales concurrentes de Alcaldías y Gobernaciones. No habrá descentralización de la cultura si no se hace a través del Gobierno Municipal.

-La ley no traduce los tres artículos dedicados en la Constitución en la parte de los derechos culturales y educativos. El primero establece que la ley cultural es libre, y eso no está sustentado en el proyecto. La ley tiene que garantizarle a la sociedad que el Estado no va a imponer sus criterios a través del gobierno de turno.
-Uno de los peligros es que sigue insistiendo en un concepto que en el mundo cultural internacional ha sido superado: la identidad nacional. No se puede decir que el Estado va a asegurar la identidad nacional (...) El reconocimiento de la diversidad es uno de los criterios fundamentales para la elaboración de políticas públicas.
-Hay otro exabrupto, que es decir que las políticas culturales deben regirse por los valores éticos y caribeños fundamentados en el pensamiento de Simón Bolívar. No se puede fundamentar una cultura en el pensamiento de una persona.
"Un arroz con mango", definió la ley el gestor cultural Nicomedes Febres. "Mi conclusión es que esto no es un resultado aleatorio sin intencionalidad, esto es parte de una sistemática vocación de control y sumisión de la población. Se quiere utilizar la Ley como mecanismo para imponer una sola visión. Eso es peligroso en el sector", agregó María Corina Machado. Así, la Ley de Cultura sigue sin generar consenso definitivo. dfermin@eluniversal.com


EL MUNDO, Caracas,  Jueves, 08 de Agosto del 2013
VENEZUELA: Ley Cultura plantea contribución de privados
     
Ya se evaluaron 15 artículos; faltan 18. La segunda discusión del proyecto de Ley Orgánica de Cultura se realizó la tarde del martes en el hemiciclo de la Asamblea Nacional (AN). Aunque habían convocado sesión para hoy, fue suspendida y la próxima discusión será el martes 13.
Entre los artículos restantes, se encuentra el 31. En él, se hace referencia a las fuentes de financiamiento del Fondo Nacional para la Cultura.
Según cita, "las personas naturales y jurídicas de carácter privado cuya utilidad neta o ganancia contable anual supere las 20.000 unidades tributarias aportará el 1% de sus ganancias netas al Fondo".
Por su parte, los que tengan como objeto la realización de actividades artísticas y culturales con fines de lucro, deberán aportar el 1% sobre la utilidad neta o ganancia contable de cada evento o actividad (y no constituirá un desgravamen al Impuesto Sobre la Renta).
Ante esto, el sociólogo experto en cultura y comunicación, Tulio Hernández se pregunta: "¿Cuántos fondos no hay que no están sujetos a control alguno? ¿Para qué uno más? ¿Quién va a rendir cuentas?", dijo ayer en rueda de prensa junto a otros representantes de la oposición.
El texto en discusión, explicó, tiene muchos vacíos. "No habla de empresas o industrias culturales, ni de auspicios privados, ni de cultura digital, ni de un plan nacional de cultura como instrumento para alcanzar metas".
El diputado Luis Barragán, suplente permanente de Richard Mardo en la Comisión de Cultura, cuestiona la premura con la que se pretende aprobar. "Pedimos la discusión de los artículos. No se trata de pescar errores ortográficos, se trata de un problema de fondo".
Pero eso no pasará. "La comisión tiene una agenda. Y está cumpliéndose con la ruta. El martes continuaremos con la discusión para aprobar la ley", sentenció Gladys Requena, Presidenta de la Comisión.


EL NACIONAL; Caracas, 8 de agosto de 2013
Se espera que la ley orgánica de cultura se sancione hoy
JOSÉ LUIS ÁVILA MICHELLE ROCHE RODRÍGUEZ 8 de agosto 2013

La premura marca la discusión del proyecto de ley orgánica de cultura en la Asamblea Nacional. El martes se aprobaron 14 artículos de los 33 que tiene el instrumento y hoy se espera que se sancione el resto.
Desde 2005 la discusión del proyecto de ley permanecía estancada, pero en los últimos 2 meses la Comisión Permanente de Cultura y Recreación del Parlamento aceleró el proceso. Entre junio y julio el marco legal –que incluye 44 artículos, 1 disposición transitoria, 5 disposiciones finales y 1 derogatoria– se sometió a consultas públicas en todo el país y a mesas de trabajo –una de ellas con el Ministerio de Cultura– y finalmente se eliminaron 7 artículos, por lo cual son 33 los que se debaten en la Asamblea.
El mismo martes, mientras se discutía en el órgano legislativo, miembros del Polo Patriótico todavía hacían recomendaciones sobre la redacción de algunos artículos. Ayer, en el seno de la Comisión de Cultura y Recreación, aún se debatía si se introducía o no en las disposiciones generales la definición de “cultura popular”.
El informe de asistencia de los miembros de la Comisión de Cultura a las consultas públicas leído ayer evidenció que el peor récord lo tienen los diputados de la oposición, a excepción de Luis Barragán.
Ley bajo la lupa. El diputado Barragán, su colega María Corina Machado, el sociólogo Tulio Hernández y el galerista Nicomedes Febres se reunieron en el Ateneo de Caracas ayer para manifestar sus críticas e inquietudes sobre la ley.
Barragán habló en contra de la premura con la que se está debatiendo y el partidismo que habría privado en el proceso de consulta. Hernández se refirió a la “inconsistencia conceptual” del texto y al carácter estatista que excluye la participación de la sociedad civil y del sector privado en la gestión y producción cultural. “Esta ley posee seis grandes omisiones. No habla de las industrias culturales ni de la cultura digital. Tampoco se refiere al Plan Nacional de Cultura que haga evaluable cualquier gestión en el área. Asimismo, ignora el importante papel que ha tenido el mecenazgo en Venezuela. Pero lo más grave es que asume a la cultura popular como la única constitutiva de nuestra identidad”, dijo. Agregó que el documento no traduce los artículos de la Constitución que garantizan el carácter libre de la producción cultural y el reconocimiento de la diversidad como uno de los elementos clave para su desarrollo.
Febres teme que la aprobación del instrumento limite las posibilidades de desarrollo individual de los artistas. Por último, Hernández señaló que lo más preocupante de la ley es que no legisla: “Es un texto ambiguo, para permitirle a los gobiernos de turno su implementación arbitraria”.
Fondo sin fondo

En los artículos 30 y 31, la ley estipula la creación de un fondo nacional para la cultura, constituido por donaciones realizadas desde los ámbitos público y privado. El Informe para Segunda Discusión distribuido el martes en la plenaria de la Asamblea incorporó esos puntos, que no se sometieron a consulta popular sino que se discutieron con miembros del Ministerio de Cultura. Según el texto, las personas naturales y jurídicas privadas cuya utilidad neta anual supere las 20.000 unidades tributarias –cerca de 2,14 millones de bolívares– estarán obligadas a aportar 1% de sus ganancias al fondo. “A esto nos referimos con la corresponsabilidad en cultura”, aclara Gladys Requena, presidenta de la Comisión Permanente de Cultura y Recreación. Además, las organizaciones culturales deberán aportar por las actividades que generen lucro 1% de sus ganancias.

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