Desfundaciones

EL UNIVERSAL, Caracas, 14 de agosto de 2013
Ley de Cultura acabará con fundaciones
Nueva normativa fue aprobada anoche por mayoría oficialista en la Asamblea Nacional.
Antonio López Ortega criticó las medidas de la ley (G.Pulido)

La discusión en torno a la Ley Orgánica de la Cultura, aprobada anoche en la Asamblea Nacional por la mayoría oficialista, continúa.
Ayer, un grupo de diputados de la bancada opositora volvió a elevar su voz de protesta en contra del proyecto al que han catalogado como "inconsistente, centralista e inconstitucional". Pero esta vez abordan con suma preocupación, la contribución fiscal de 1% que deberá aportar toda persona natural o jurídica dedicada a la actividad cultural al Fondo Nacional de la Cultura.
Así lo expresó, durante un encuentro en el Centro Cultural Chacao, el exdiputado ante la Asamblea Nacional y abogado experto en materia fiscal, Leonardo Palacios, quien advierte acerca de las consecuencias inmediatas que tendrá la aprobación del instrumento legal sobre las instituciones culturales.
"Este tributo, que no constituye un incentivo para las empresas en materia cultural, solo afectará la rentabilidad del sector en lugar de favorecer y estimular su actividad. Además de las 24 contribuciones fiscales existentes que ya deben asumir las empresas, se suma ésta, de la cual no se estipula en la ley cómo será distribuida y a quiénes será asignada, lo cual restringe el manejo del financiamiento a un solo sector: el oficialista".
De igual forma, Palacios sentenció que el impuesto elimina las competencias municipales y locales, además de violar la Constitución.
"Establecer esta contribución de 1% a las empresas que obtengan más de 20 mil unidades tributarias sobre sus utilidad neta, atenta contra la competencia municipal al establecer una contribución que no es más que un impuesto oculto e inconsulto sin retribución. Y lo establece el Artículo 316 de la Carta Magna, que enuncia que el sistema tributario no puede ser confiscatorio", dice el experto tras explicar que el tributo se reflejará en el precio final de los bienes y servicios.
Para el sociólogo y experto en cultura y comunicación, Tulio Hernández, resulta "inaceptable" que el Estado, a través del Fondo Nacional de la Cultura, sea la única institución que maneje -sin explicarlo siquiera en la ley- el financiamiento para el sector cultural". A su juicio, el gobierno "insiste en privilegiar las culturas populares tradicionales como única base de la nacionalidad, y bajo la figura del 'ente rector' el Estado aparece como el único actor cultural, dejando de lado a los artistas, los creadores y la sociedad civil".
Excluyente e inconstitucional
De nuevo, salió a relucir en la discusión que se trata de un proyecto que excluye la participación de personas y entes ajenos al oficialismo. Además de ser una ley que viola los principios de libertad creadora contemplados en la Constitución.
"Estamos frente a un dispositivo sectarista que no incorpora la participación de personas que no sean militantes del oficialismo. Además, viola los artículos 98, 99 y 100 de la Carta Magna, sobre la libertad de la creación cultural, y en los que queda estipulado que ésta es libre. Por lo tanto, el Estado no debe intervenir e imponer contenidos y tendencias ideológicas", dice Hernández.
El diputado Luis Barragán, miembro de la comisión permanente de Cultura y Recreación de la Asamblea Nacional, se refirió al proyecto como "el monopolio cultural del Estado".
En este sentido, rechazó que la ley no haya sido discutida con todos los sectores del país y advirtió acerca de "la peligrosidad del artículo 22" sobre la censura cultural. "Una ley calificada de 'orgánica' obliga al oficialismo a someter a votación este dispositivo legal, que amerita ser discutido con todos los sectores del país y no restringir el debate solo al Psuv y al Polo Patriótico".
En relación con la censura cultural, sentenció que este artículo promueve la producción de contenidos y programación fundamentados en los principios de la cultura venezolana "orientados a profundizar la cultura de paz, urbanista, de respeto, solidaridad, soberanía, libertaria, democrática (... ) de conformidad con lo establecido en la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos, lo cual es inadmisible pues no permitiremos que el Ministerio de la Cultura ejerza la censura y mucho menos nos remita a una ley de rango inferior cuando existe la Constitución".
La diputada a la Asamblea Nacional, María Corina Machado, expresó que el instrumento legal forma parte del "proyecto de dominación y sumisión" que lleva a cabo el gobierno nacional. Comentó: " Así como le ha tocado a las universidades, al sector sindical, a los medios de comunicación y al sector productivo, ahora le toca a la cultura con una ley que solo es un instrumento revelador de un modelo que quiere concentrar en el Estado toda la fuerza y el control, sometiendo en este caso al artista y a quienes lo apoyan y estimulan".
Para el concejal del distrito metropolitano, Freddy Guevara -quien antes de ser político fue músico-, "El ente rector, además de controlar todo lo que tiene que ver con el financiamiento de la cultura, pretende dictar lo que se crea".
A su juicio, ninguna manifestación artística puede ser concebida si el creador o divulgador no está liberado de cualquier tipo de amarre "que no sean los que les dicta su conciencia". De modo que el miembro de Voluntad Popular, reitera su llamado a acompañar al sector de la cultura en la lucha activa y pacífica "para que esta ley no aniquile nuestra esencia que es la diversidad, esa mezcla de sangre europea, negra, indígena y colombiana que es lo que nos hace ricos y más temprano que tarde cuando venzamos este sistema opresor seremos reconocidos como una potencia cultural".
La historiadora Inés Quintero, confía en que "ni la ley ni la fuerza del Estado, van a doblegar ese ADN republicano y libertario que nos caracteriza".
El sector empresarial también se verá afectado por el Proyecto de Ley de Cultura. No sólo por la exclusión de las industrias privadas sino por la imposición que tienen de pagar el 1% de sus ganancias anuales para un fondo que administrará el Estado.

Ya la medida se aplicó a las leyes de Ciencia y Tecnología, también a la de Deportes. La de Cultura supone una carga más para el empresariado. "Estamos ante la presencia de un Estado quebrado que le pone pesos adicionales al sector privado, que cada día está más regulado. La consecuencia de eso es que algunas de las empresas que tienen fundaciones culturales, cuando se enfrenten en su balance financiero con ese impuesto, tendrán que evaluar si mantienen sus propias fundaciones. Si la ley se aprueba así será una estocada mortal", dijo Antonio López Ortega.
El gestor cultural indicó que la medida contradice los artículos de la Constitución sobre derechos culturales. "Hay un desconocimiento completo a la Constitución, que dice claramente que el Estado deberá velar y asegura los presupuestos de las políticas culturales (...) Decir que el financiamiento es potestad exclusiva del sector privado es contradictorio", explicó el escritor venezolano, que recordó que la Carta Magna indica que la ley establecerá incentivos y estímulos a personas e instituciones que promuevan, apoyen, desarrollen o financien planes o actividades culturales.
Hay empresas del sector que todavía desconocen si deberán pagar el impuesto. El Trasnocho, por ejemplo. al estar registrado como una fundación, es una de ellas. "Eso afectaría el presupuesto. Para nosotros es muy duro mantener la operación. Ya la Ley del trabajo nos obligó a reducir nuestras funciones. Eso influye en los ingresos", dijo Solveig Hoogesteijn, directora general del espacio ubicado en Las Mercedes. Así, la nueva ley perjudica a un sector de la cultura.


Fotografías: Miguel Angel Rodríguez y Gladys Requena, miembros de la Comisión de Cultura.